Audios: el capítulo que mostró cómo el ministro Estrada se pasó al lado del Pacto

La cronología de los eventos va así.

En enero de 2017, el Ministerio Público y la CICIG acusaron al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales de defraudar al Estado en un fraude de desayunos facturados y nunca entregados al Registro de la Propiedad en tiempos de Anabella de León y el Partido Patriota en 2013. El MP y la CICIG los acusa de lavado de dinero, que tiene una pena de hasta diez años, que no se pueden canjear por libertad condicional a cambio de fianzas, inconmutables.

En agosto de 2017, el Ministerio Público y la CICIG acusaron al presidente Jimmy Morales de financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015, cuando era secretario general de FCN y pidieron al Congreso que le quite la inmunidad para seguirlo investigando. Lo señalan de ocultar al menos Q6.6 millones (casi US$1 millón). Los delitos tienen una pena de hasta diez años, que no se pueden canjear por libertad condicional a cambio de fianzas, inconmutables.

El 13 de septiembre de 2017, el presidente Jimmy Morales dio un encendido discurso en el Congreso en el que se quejó de la persecución penal contra su familia y cerró con alabanzas a los diputados, que dos días antes lo habían salvado de quitarle la inmunidad para que lo investigaran el MP y la CICIG. Las últimas palabras del presidente en el hemiciclo fueron así:

– Demos un paso al frente a favor de la democracia y el Estado de Derecho, pero de la mano de una justicia objetiva. Seamos valientes para transformar el presente. Cada vez que ustedes me inviten será un placer venir ante este digno pleno de congresistas.

Una hora después, 112 diputados de 158, incluidos todos los del partido FCN del presidente, cambiaron dos leyes. Quitaron responsabilidad a los políticos del financiamiento electoral y se la trasladaron a los contadores. Y cambiaron el código penal para que todos los delitos con penas de hasta 10 años pudieran ser conmutables a cambio de fianzas desde Q18,500 (US$2,400). No se dieron cuenta que no sólo beneficiaban a los acusados de corrupción sino al 37 por ciento de reos, condenados por 400 delitos desde pornografía infantil hasta extorsiones. La Corte de Constitucionalidad y los ciudadanos los frenaron.

Pero entre las acusaciones contra el Presidente y sus familiares, y la aprobación en el Congreso hubo varias conversaciones entre actores claves del Gobierno.

La Hora y elPeriódico publicaron reportajes con base en fuentes que apuntan a la Casa Presidencial. Nómada siguió en esa línea y tuvo acceso a una de esas conversaciones y un audio.

Julio Héctor Estrada es el Ministro de Finanzas. Antes de ser ministro trabajaba en el Foro Económico Mundial en Suiza. Empresas de su familia dieron aportes (pequeños) a la campaña de Jimmy Morales. Cuando empezó el gobierno, sus habilidades de administración pública, sus relaciones con actores internacionales y sus relaciones personales y profesionales con el sector privado lo fueron acercando al Presidente e hicieron que ganara influencia. Desde enero es el jefe de la Comisión de Gestión Estratégica, que se fundó con el objetivo de asesorar y coordinar las distintas acciones de la Presidencia. En otros sistemas de gobierno, sería el equivalente al primer ministro. Era el Ministro con más poder en el Gabinete.

Y sostuvo una reunión con diplomáticos y políticos días unas semanas antes del 13 de septiembre. Nómada conversó con dos personas presentes en la reunión y una grabó partes de la conversación. Las dos personas confirmaron el contexto.

El ministro Estrada consideraba que debía cambiarse la ley electoral para proteger al presidente y otras leyes para proteger a sus familiares. Aunque no estaba de acuerdo en que se hiciera de urgencia nacional ni tampoco con los detalles de las iniciativas.

“Así no vamos a resolver nada, sólo se van a seguir… serán otros seis partidos y la normativa que define el tema de los delitos electorales no está clara. El MP está haciendo unas sus interpretaciones así bien estiradas”.

“Ya se constituye en un delito penado de cuatro a diez años, inconmutable, y por el secretario general, no, eso no se puede, hay que cambiarlo”.

Es decir, quería que se cambiara la ley electoral.

“El caso particular del Presidente o si fueran condenados su familia, digamos, todavía viene una fase de amparos o diferentes etapas, (y la reforma los beneficiaría)”.

Las últimas cinco palabras, que están entre paréntesis, fueron cortadas del audio para proteger a las fuentes de Nómada que participaron de la conversación. Las dos fuentes consultadas confirmaron que el ministro Estrada se refería a que podía reformarse la ley para beneficiar a los familiares del presidente pero no debía hacerse con prisas y de urgencia nacional, pues igual los beneficiaría por los plazos de las etapas del juicio. La siguiente frase del ministro la confirma.

“Yo le dije al Presidente que no corriéramos tanto porque tratar de tirarse esto así, a lo pirata, ala púchica, yo no confío en la mano del Congreso. Ni porque están metidos ellos en el hoyo, todo el mundo anda viendo cómo ellos se zafan y friegan al otro”.

“Va, ahí creo que el Congreso, bien planteado, y como ahí sí están todos, y operado”.

Las explicaciones del ministro Estrada

Nómada entrevistó al ministro Estrada, que presentó su renuncia el martes 19 de septiembre pero todavía no ha sido aceptada por el presidente Jimmy Morales.

En el despacho del Ministerio de Finanzas, preocupado por los audios, dijo estas respuestas.

– Usted sale diciendo en esta conversación, que entendemos que fue una semana antes del 13 de septiembre, que hay que cambiar el delito de financiamiento electoral para que no tenga responsabilidad el secretario general (que beneficia al Presidente).
– Es difícil ubicar en el tiempo esta conversación. Ya habíamos visto el tema de delitos electorales desde 2016 con el tema de cooptación del Estado (el primer caso por financiamiento electoral ilícito, al PP). Se penalizaba al que recibe pero no al que entrega pagos. Hicimos una solicitud de asistencia técnica al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es mi opinión personal, hay que tipificar correctamente. Estas cosas bien discutidas podía llevar a reformas que fortalecieran el sistema.

– Esto muestra que había conocimiento del Ejecutivo de que iban a aprobarse estas leyes. ¿De dónde surgió la idea?
– En la grabación no aparece nada del Código Penal.

– Sí habla de que dejen de ser inconmutables los delitos de 10 años como los del familiares del Presidente.
– Es mi opinión personal sobre el delito de asuntos electorales, alguien me preguntó mi opinión y esa es mi opinión.

– Sí, pero es un cambio que beneficia al Presidente.
– Es una opinión personal mía, no quiere decir que estuviera involucrado en una discusión previa o pueda haber tenido influencia u opinión. Es que establece el delito pero no la pena. Probablemente alguien me preguntó en torno a temas de la ley de bancos y lavado de dinero. Es una opinión personal, no quiere decir que haya estado involucrado en una conversación previa.

– Pero hay tres hechos:
1) El presidente es acusado por financiamiento electoral ilícito,
2) hay una reunión en la que usted dice que hay que cambiar el delito
3) y luego se cambia el delito.
Todo parece indicar que es un plan que vino del Gobierno para proteger al Presidente.
– No me está planteando las pruebas de una manera completa. No sé en qué contexto se da esta discusión. Puede haber sido en junio cuando hablábamos de temas fiscales o secreto bancario. Siempre argumenté que tomar esto a la ligera y no funcionan si no se hace con transparencia.

– En otro momento de la conversación usted dice que intentó disuadir al presidente Jimmy Morales de ‘no tirarse a lo pirata’. La aprobación de una reforma al código penal que beneficia a condenados por 400 delitos, parece ser ‘a lo pirata’. ¿Nos puede dar contexto de esta conversación en la que intentó disuadir al presidente?
– Ha habido diferentes conversaciones en las que hemos dicho que hemos tenido que discutir conversaciones abiertas. Le han planteado propuestas al Presidente y le han ido a decir esto va a funcionar y nosotros le hemos dicho que esto no va a funcionar. La idea es que hay que ventilar estos temas y hay que hacerlos de manera abierta, conversado.

– Pero lo del 13 de septiembre es grave. ¿Usted intentó disuadir al Presidente?
– No en este caso en particular. No sé si el Presidente tenía conocimiento de este caso en particular. Nosotros hemos hablado de que es importante el diálogo para revisar el código tributario, el funcionamiento de la Contraloría, esto no se puede hacer simplemente cambiando uno o dos artículos de un día para otro.

– Esta reforma beneficiaba a mucha gente pero en particular al hijo y al hermano del presidente que están siendo juzgados por delitos que podrían tener hasta 10 años de pena.
– ¿En esta conversación? ¿Podemos escucharla otra vez?

– Audio: El caso particular del Presidente o si fueran condenados su familia, digamos, todavía viene una fase de amparos o diferentes etapas, (y la reforma los beneficiaría).
– Yo estoy diciendo que el caso del Presidente y su familia va a seguir su camino. No habla nada de conmutabilidad ni proponer ninguna reforma.

– Sí, pero la reforma precisamente beneficia a los familiares del presidente.
– En esa conversación, y no sé con quién estoy hablando, se me pregunta mi opinión sobre un tema del que no soy experto, de delitos electorales. Pero alguien me pregunta qué es lo que yo pienso.

– Y de lo que se está construyendo de las reformas que se aprobaron el 13 de septiembre.
– Yo no tenía la más mínima idea que se estaba planificando algo inmediato y me opuse.

– Pero usted le dijo al presidente que no debían irse ‘a lo pirata’ con estos temas, que fue exactamente lo que pasó.
– Yo me estaba anticipando a que no hay que correr, había que hacer un proceso público, conversado. No sabía que estaban planificando algo. Mi recomendación era hacerlo de manera pública, abierta, planificada, en la parte de delitos electorales, que afectan a todos los partidos.

– Y al presidente.
– A la funcionalidad del sistema. Pero en ninguna parte hago referencia al Código Penal o conmutabilidad. La verdad es que no recuerdo haber tenido esa conversación. Es mi voz.

– Es su voz y expresa su sentimiento de que había que cambiar el tema de secretarios generales y había que cambiar el otro tema, pero despacio.
– No digo eso de los secretarios generales.

– Lo dice literalmente: eso no es aceptable y hay que cambiarlo.
– Hoy en día recibir Q1 mil sin saber quién fue hace que se pueda ir a prisión inconmutable 10 años.

– Se ha hablado de que querían reformar los delitos electorales, las penas para delitos de corrupción y lavado, amnistía fiscal para los ganaderos, todo se va cumpliendo. ¿Qué sabe usted de este plan?
– No tengo la más mínima idea. Presenté mi renuncia. No estoy de acuerdo en cómo se están administrando los temas. No puedo evitar expresar mi opinión si alguien me pregunta algo. Eso no quiere decir que estuviera informado sobre el plan o qué se quisiera hacer. Yo lo que digo es: esto es una mala idea (aprobarlo de urgencia nacional). Estoy siendo involucrado por saber y porque me han preguntado.

– Es muy difícil de creer que el Presidente o usted como coordinador del gabinete de gestión, no estuvieran enterado de esta aprobación. El Presidente dijo el 13 de septiembre ‘honorables legisladores, defiendan a Guatemala’ y toda su bancada votó una hora después por estas dos reformas.
– Mi rol era gerencial, no de coordinación del gabinete, que es responsabilidad del Vicepresidente. Yo no tenía ese nivel de relación con el Congreso. Cuando sale el decreto, estaba aquí viéndolo por Facebook, sorprendido de que saliera.

– Cuando no pudo disuadir al presidente para que ‘no se fuera a lo pirata’, ¿por qué no renunció?
– Creo que es bueno estar ahí para decir: eso es una mala idea. Cuando empiezan a pasar las malas ideas, uno empieza a decir: es demasiado arriesgado estar muy cerca.

– ¿Por qué cuando se enteró que se iba a reformar estas leyes no lo denunció a la ciudadanía?
– ¿Qué iba a denunciar? Son ideas. Uno lo que tiene que hacer como consejero es decir: si se toca es muy peligroso. Tal vez por eso después lo excluyen a uno.

– Pero estaban enterados 7 jefes de bloque, el presidente del Congreso, el presidente. Es difícil de creer que usted no estaba enterado de que iba a pasar.

– Un día antes el rumor era muy fuerte. Me lo preguntaron varios periodistas: les dije que no tenía idea de qué era. Me llegó el rumor nada más porque yo les hubiera dicho que no era la manera correcta. Estaba en oposición.

– Pero con la parte electoral estaba de acuerdo, como muestra los audios.
– Pensaba que había que hacer algo. Había que resolverlo. No digo que le pasen al contador la responsabilidad.

– Pero es quitar la responsabilidad al Presidente.
– Él tendrá que afrontarlo en su debido proceso. Había que arreglar el delito que está incompleto. Se tenía que haber arreglado con una conversación, con un diálogo, abierto. Por hacer las cosas mal y con malas intenciones, desafortunadamente cerró ese espacio y hay que administrarlo. Lástima porque el país necesitaba tener diálogos importantes con esas características.

– ¿Cuál el sabor de boca que usted se lleva de este Gobierno?
– Nosotros hemos actuado en todo momento con apertura y transparencia. Decidimos jugar un rol de estar cerca, tratando de influir en las decisiones de cerca. Esto tiene algunos riesgos, como que se cometan errores y eso lo afecte a uno también. La gente en el Ministerio está muy dolida porque había una agenda de transparencia. Y hacer esa apuesta por estar dentro, tratando de influir positivamente. A veces uno siente que ya no se tiene influencia y se da cuenta que hay decisiones que pueden ser dañinas para el país.

– Pero su recomendación era en el sentido de la reforma del 13 de septiembre, de quitar responsabilidades.
– Mire, tratamos de decir: no lo hagan de esta forma, hay que tener un diálogo específico. Tal vez decir sí: hay que hacer cosas, pero no lo hagan así. Tampoco uno puede decir: si no hacen eso, los denuncio. Uno tiene que intentar convencerlos.