El espacio iberoamericano es un tesoro. Como becario de la Fundación Carolina, alumni de la maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid, y como centroamericano que disfruta de las posibilidades democráticas que abrieron los procesos de Contadora y Esquipulas, puedo dar fe del potencial que tenemos como región.
Pero no es momento para celebrarnos.
Centroamérica oscila entre dos dictaduras en Nicaragua y Honduras, crisis humanitarias en el CA-4, una democracia refrendada en Costa Rica y un punto de quiebre en Guatemala.
Vamos a empezar por la que es más difícil de comprender, Guatemala, que está en riesgo de convertirse en una situación parecida a la de Honduras o a la de Nicaragua.
En Guatemala, contrario a lo que les dirá el gobierno de Jimmy Morales, sus aliados parlamentarios y de las gremiales empresariales, no estamos viviendo una amenaza comunista que proviene al mismo tiempo de Rusia y de Venezuela.
En Guatemala estamos viviendo un momento trascendental en nuestra historia gracias, en buena medida, a un experimento de colaboración iberoamericano llamado CICIG. En él, investigadores y analistas españoles, mexicanos, latinoamericanos y guatemaltecos comparten desde hace 10 años las mejores prácticas para desmantelar estructuras criminales enquistadas en el Estado para producir impunidad. Todo con el auspicio de la ONU (en especial del iberoamericano portugués António Gutérres) y el financiamiento de los países de la Unión Europea (encabezados por Suecia) y de Estados Unidos.
Como un botón los tres comisionados que hemos tenido. El juez español Carlos Castresana, el fiscal costarricense Francisco D’Allanese y ahora el juez colombiano Iván Velásquez. Siempre ha trabajado con guatemaltecos (dos terceras partes de la comisión) y con el Ministerio Público.
La CICIG empezó a investigar y llevar a tribunales guatemaltecos a las estructuras que producen impunidad (desde policías que asesinaban a presos hasta fiscales que borraban evidencias o jueces que se vendían), y después pasó a investigar junto a las estructuras que financian esa impunidad: la corrupción del contrabando y del financiamiento electoral ilícito.
Esta lucha contra la corrupción y la impunidad ha sido respaldada por todos los medios periodísticos del país –conservadores y progresistas– y por el 70 por ciento de la ciudadanía, que en 2015 manifestó para pedir la renuncia y enjuiciamiento al presidente Otto Pérez Molina y que en 2017 volvió a manifestar para impedir que el Congreso aprobara leyes de amnistía que legalizaran la corrupción. El 15 de septiembre de 2017, miles de ciudadanos rodearon el Congreso durante diez horas para forzar a los diputados a recular en aprobaciones de leyes que daban impunidad y excarcelaban a corruptos, violadores y extorsionistas.
Durante 2018, la CIGIG, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad han continuado poniendo contra las cuerdas al régimen de corrupción e impunidad.
La respuesta del sistema que tiene como cara visible a Jimmy Morales ha sido amenazar con un golpe de Estado y negarse a cumplir con las órdenes de la Corte. Ahora proponen desde el Congreso una iniciativa para prohibir la crítica a los políticos y reúnen firmas para disolver la Corte.
Dentro de dos meses, en enero, empiezan los cuatro meses de campaña electoral y hay un riesgo real que jueces corruptos impidan participar a candidatos reformistas, como la exfiscal Thelma Aldana. Muchos anti-CICIG, que todavía son minoritarios pero siempre blanden la violencia como amenaza, son fans de Bolsonaro, de Uribe y de Trump.
De hecho, Nómada publicó una investigación en la que demostramos que el presidente Jimmy Morales, grandes empresarios y diputados señalados de tener relaciones cercanas con el narco se aliaron para contratar un lobby en Washington, supuestamente bajo la recomendación de un extrabajador del vicepresidente Mike Pence, con la intención de disminuir el apoyo y el financiamiento estadounidense a la CICIG. Durante 6 meses lograron su cometido. La misma firma de lobby fue contratada por el radical húngaro Orkan.
Con el regreso demócrata a la mayoría en el Congreso de EEUU podrían mejorar los apoyos a la CICIG, pero no podemos fiarnos de Washington como un socio cuando tenemos esta Casa Blanca.
Para salvar la democracia y los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad en 2019 necesitaremos de los amigos que tuvimos en el pasado entre la comunidad internacional: Naciones Unidas, México, España y Suecia.
Durante esta Cumbre, agradeceremos de las delegaciones que puedan, al menos, evitar que el anfitrión, el pichicato Jimmy Morales, use la conferencia como una lavada de cara.
Que no la use como una lavada de cara para él y para sus amigos dictadores Juan Orlando Hernández —reelecto en una elección que la comunidad iberoamericana calificó de fraudulenta— y de Daniel Ortega —reelecto primero con fraudes y ahora una descarada dictadura sanguinaria—. España y Portugal pueden ayudarnos a promover sanciones y justicia para los crímenes de la dictadura de Ortega y Murillo.
Sin Estados democráticos, que no estén capturados por mafias y élites, sin luchar contra la corrupción y la impunidad, Centroamérica no dejará el sótano de Iberoamérica.
México y España, amigos del resto de Iberoamérica, no desaprovechen la Cumbre.
José Molina /
Los ciudadanos debemos denunciar ante el mundo al peor gobierno que hemos tenido. Usemos las redes sociales. Si 70% apoyamos la lucha contra la corrupción quiere decir que el 30% o es corrupto o es ignorante.
regina galindo /
España no tiene un gobierno sensato, empezando por la cantidad de presos políticos y presos por la ley mordaza. España tiene un gobierno que da asco al igual que nos asquean a nosotros nuestros gobernantes. Cuántas fosas sin abrir. Cuántos cuerpos del franquismo permanecen bajo tierra sin posibilidades de ser exhumados. Ni olvido ni perdón ! España NO es un ejemplo.