Alrededor de los procesos formales y legales de evaluación y selección de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, operan grupos ocultos con gran poder de influencia. Dos casos concretos lo evidencian.
Los últimos dos procesos de Comisiones de Postulación dejaron al descubierto a dos grandes operadores paralelos al sistema de justicia: Roberto López Villatoro en el año 2014 y Gustavo Alejos en 2020.
En el 2014 una investigación reveló que López Villatoro compró un apartamento para uno de los integrantes de las postuladoras, Eddy Giovanni Orellana, quien después votó por aspirantes afines al abogado. Un allanamiento realizado en las oficinas de López Villatoro dio una mirada más amplia de su poder: en la entrada de la oficina se localizó un cuaderno rojo en el que estaban anotados los nombres de jueces, aspirantes a magistrados y miembros de la Comisión que lo visitaban constantemente.
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La historia se repitió este año 2020 con una investigación en contra de Gustavo Alejos. La Fiscalía Especial contra la Impunidad descubrió que el privado de libertad, convirtió un hospital privado en un centro para recibir a 38 abogados, jueces y diputados que orbitaban las Comisiones de Postulación.
¿Cómo se traducen esas reuniones en pactos para controlar la justicia?
La Fundación Myrna Mack analizó los 28 mil votos que se emitieron durante los procesos de selección y evaluación de magistrados para Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones. El resultado son gráficas que demuestran quiénes son los operadores principales, cuáles son los grupos de mayor influencia y qué expectativas hay sobre el Congreso.
Los grupos de poder
El informe, elaborado por el investigador Harald Waxeneacker, pone en evidencia hay cuatro grandes grupos de poder detrás de la elección de Cortes.
“...existen canales alternos de influencia en las decisiones de las comisiones de postulación. Estas formas de influencia son casi invisibles, pero lo que se puede ver o percibir es el resultado de dichos pactos paralelos”, señala el documento.
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Fuente: Informe Comisiones Paralelas, Mecanismos de Cooptación de la Justicia.
El primer grupo lo compone el sector privado a través de las universidades privadas, que a su vez,mantiene estrecha interrelación con diferentes sectores religiosos. El otro grupo estaría dominado por Estuardo Gálvez, ex rector de la Universidad San Carlos (USAC); la investigación señala que este grupo tiene aspiraciones particulares de poder y privilegio, especialmente entre el gremio de abogados y abogadas.
Otro de los grupos descritos es el de los “intermediarios”, con comisionados como el actual rector de la USAC, Murphy Paiz. Este círculo responderíae a intereses coyunturales con las posiciones de poder y de negociaciones particulares. El documento revela que Paiz votó a favor de todos los candidatos a las Cortes de Apelaciones, lo que lo dejaría en una posición de operar en cualquier dirección.
El último nodo descrito es el oficialista. Según el informe, éste estaría integrado por comisionados como los magistrados Vitalina Orellana, Rafael Rojas y Silvia Valdés Quezada. También se incluyen a otros magistrados cuestionados como Romeo Monterrosa y Amado de Jesús Guerra, y a abogados como Dennis Herrera Arita. Los intereses de este grupo coincidirían con los de Gustavo Alejos y de privados de libertad poderosos en Mariscal Zavala.
La transformación del Congreso: lo mismo pero con otros nombres
En el Congreso de 2012-2016, el mayor poder se concentraba en la bancada Líder, del expresidenciable Manuel Baldizón. De eseo grupo, los diputados que siguen en el Legislativo ahora son parte de las bancadas FCN, UCN y UNE.
La mancuerna de Líder era el Partido Patriota, bancada a la que le sobreviven diputados en Todos, CREO y Bien.
La alianza renovada del Legislativo logró la integración de la actual Junta Directiva del Congreso, presidida por el diputado Allan Rodríguez, sobre quien ejerce influencia Felipe Alejos.
Después de que las Comisiones de Postulación emitieran 28 mil 601 votos para enviar al Congreso el listado con 26 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y otro documentos con 646 nombres de candidatos a las Cortes de Apelaciones, los diputados tienen la materia prima para definir el futuro de la justicia.
El informe de la Fundación Myrna Mack concluye que el conflicto de interés de los diputados y diputados y su carencia de legitimidad y posiblemente de legalidad, consolidará con la elección de Cortes un pacto renovado de impunidad.
“Es previsible que las nominaciones del pacto oficialista encuentran mayor eco y respaldo en esta alianza legislativa. Es la consumación de mecanismos paralelos que buscan capturar el sistema de justicia para (re)producir impunidad”, cierra el documento.
La investigación se puede descargar en este link.
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