El tiempo se congela en la obra de Jimmy

Desde que Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), el 31 de agosto, y prohibió el ingreso del jefe de la comisión, Iván Velásquez, el 4 de septiembre, en Guatemala todo está a punto de quebrarse y no se quiebra. A pesar de las amenazas de Golpe por parte del Presidente, ni la Corte de Constitucionalidad (CC), ni la ONU, ni el Comisionado, ni la jefa del Ministerio Público (MP) han cambiado su posición.

El 25 de septiembre, que podía haber sido definitorio, pareció una congelación de las posiciones, o una repetición del guión:

El Gobierno no quiere obedecer a la Corte. El MP no quiere forzar al Gobierno. El presidente no deja de decir mentiras. La Corte no quiere poner un alto. Iván Velásquez sigue lejos. La CICIG continúa aquí.

1. El Gobierno no quiere obedecer a la CC

El Gobierno continuó con las artimañas legales para desobedecer a la Corte.

La primera fue el 16 de septiembre, y tuvo complicidad de sus dos aliados cercanos en la Corte, Dina Ochoa y Neftalí Aldana, que son minoría frente a los tres magistrados independientes. Ochoa y Aldana se sumaron para que la orden al Gobierno fuera que permitiera el regreso del “comisionado o comisionada de la CICIG”, en una triquiñuela para permitirles “interpretar” la orden como no vinculante a Iván Velásquez, el único comisionado que hay. No la quisieron cumplir, por lo que la mayoría de la Corte se los aclaró el 19 de septiembre, con el nombre Iván Velásquez. El 21 respondieron que usarían las potestades legales que tenían para defender la constitución y ayer, 25, interpusieron más recursos legales para no obedecer. Se presentaron 8 acciones: 1 memorial de aclaración, 1 recurso de nulidad, 1 anulación de actuaciones y 5 revocatorias de amparo provisional, por parte de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación, el de Defensa, el de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Fundación contra el Terrorismo y el Instituto de Migración.

El vicepresidente Jafeth Cabrera dijo ayer que si Iván Velásquez llegaba al país, no se le dejará ingresar. Según él, todavía “hay una recusación que se le hizo a la Corte” porque se considera que los magistrados “actuaron fuera de Ley”, algo que abogados han tachado de nulo, pues los magistrados tienen la función de interpretar la ley. Jafeth Cabrera es presidente en funciones mientras Jimmy Morales está en Nueva York, en la asamblea de la ONU.

Otra sesión histórica para la que no importó que fuera domingo.

2. El MP no quiere forzar al Gobierno

Tras las declaraciones de Jafeth Cabrera, se solicitó a la fiscal general, Consuelo Porras, un pronunciamiento ante la desobediencia del Gobierno. La fiscal mantuvo la postura que adoptó desde el 31 de agosto: está vigilante. A pesar de que se ha dirigido a los guatemaltecos 6 veces en el último mes, solo ha actuado en 2 ocasiones, más bien tangenciales. La primera acción penal que tomó fue abrir expedientes en contra de las decisiones de Jimmy Morales sobre cerrar las calles cercanas a la Plaza de la Constitución y la revisión de personas en esos lugares. Y la segunda fue aceptar que el jefe de la Fiscal Especial Contra la Corrupción (FECI), Juan Francisco Sandoval, presentara una denuncia para investigar a la canciller Sandra Jovel por falsedad en sus declaraciones sobre CICIG y la fiscalía.

Ayer, repitió su postura:

– Como responsable del MP y del cumplimiento de la ley, el MP tiene la postura firme y convincente de cumplir con lo que la ley establece, dijo Consuelo Porras a la prensa.

Y continuó con sin añadir mucho más:

– (No se está) esperando que la CC ponga denuncia, lo que le corresponde es certificar lo conducente a manera que el MP asuma su responsabilidad para investigar e iniciar un proceso penal.

María Consuelo Porras en su primera conferencia como Fiscal General electa.

3. El presidente no deja decir mentiras

El viaje de Jimmy Morales a la Asamblea General de ONU era para que se presentara ante la 73 asamblea de países que integran la organización. En su discurso de 24 minutos, Nómada encontró al menos 16 impresiones, una cada 90 segundos. Y 14 de esas mentiras las utilizó para argumentar sus decisiones contra Iván Velásquez y a la CICIG. Casi todas las razones son parte del mismo discurso engañoso que Jimmy, la canciller Sandra Jovel, el embajador ante la ONU, Jorge Skinner-Klee y cuentas falsas en Twitter han repetido por un año. A pesar de haber sido desmentidos con hechos varias veces.

Lea: La Casaquera, el detector de mentiras de Nómada

Esta vez detectamos algunas mentiras nuevas.

La primera; “Mi gobierno ha sido y siempre será respetuoso de la ley y el Estado de Derecho. Con la frente en alto puedo decirles que nuestra gestión gubernamental no tiene ningún señalamiento de corrupción. (...) Por el contrario, desde la Presidencia de la República he liderado la lucha contra la corrupción, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas”.

Jimmy Morales y su gobierno tienen 10 días de estar en desobediencia ante lo que la CC les ha mandado para dejar entrar a Iván Velásquez, por lo que no ha respetado el Estado de Derecho. El mismo Jimmy Morales se encuentra bajo proceso para perder su inmunidad por financiamiento electoral ilícito que recibió en 2015 de un grupo de empresarios que ya reconoció el delito. Y hace un año, Nómada descubrió un sobresueldo de Q450 mil que Jimmy Morales se había auto entregado en 9 pagos de Q50 mil desde el Ejército. Ese sobresueldo ilegal lo usó para pagar la fianza de su hermano y su hijo, acusados por otro caso de corrupción en el Registro de la Propiedad. Esto es solo por mencionar algunos de los casos en los que está involucrado.

En el discurso que el presidente leyó ante la ONU, decía que la CICIG ha cometido “abuso del poder, que llegaron a llamarse "Jueves de CICIG". Jimmy Morales intentó ponerle dramatismo con más mentiras y dijo que los jueves en los que se realizaron las capturas de funcionarios y personas involucradas en actos de corrupción se llamaban en Guatemala “Jueves negros de CICIG”. Nadie nunca les había llamado así. El Jueves Negro fue la ocasión en 2003 en la que grupos de choque de Efraín Ríos Montt aterrorizaron a la Ciudad de Guatemala, en disturbios en los que murió el periodista Héctor Ramírez, para forzar a los jueces a inscribirlo como candidato presidencial.

Jimmy Morales calificó a la CICIG de “ser una amenaza para la paz en Guatemala”, de haber montado un sistema de terror, presionado testigos y otros argumentos comúnmente utilizado por la defensa de los acusados y nunca demostrado en juicio. Algo que incluso Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, refutó publicamente, y que funcionó como base para la denuncia sontra Sandra Jovel.

El presidente insistió, sin datos, en que Guatemal está más polarizada y que “ni en el conflicto armado que vivió Guatemala en la década de los 80 se tenía este tipo de polarización”. Esto también es falso. En el conflicto armado guatemalteco la polarización fue tal que en un país de 7 millones de personas hubo decenas de miles de violadas sexualmente, 45 mil desaparecidos, 145 mil muertos y 1 millón de desplazados.

Y por último, Jimmy Morales asegura que él y su gobierno han actuado de “buena fe”. Se le olvidó la mañana del domingo 27 de agosto, cuando regresó de una reunión con el secretario Guterres, y declaró persona non grata al comisionado Iván Velásquez e intentó sacarlo del país en menos tiempo que el que da el dictador venezolano Nicolás Maduro a sus opositores. En ese entonces, la CICIG y el MP habían solicitado por primera vez que se levantara el derecho de antejuicio de Jimmy Morales, para investigarlo por financiamiento electoral ilícito

El primer cheque, publicado por Nómada la noche del 11 de septiembre.

4. La Corte no le quiere poner un alto

A pesar de que la CC ya resolvió dos veces, una en 2017 y otra en 2018, que se debe permitir el trabajo de Iván Velásquez en el país, el gobierno de Jimmy Morales sigue en oposición. Y aún cuando la resolución ya había sido notificada, las autoridades aseguraron que el comisionado no iba a entrar a Guatemala. No obstante, los magistrados no han aplicado medidas ni sanciones ante la actitud de los funcionarios.

Según las declaraciones del vocero de la Corte, Santiago Palomo, el 16 de septiembre, hasta que Iván Velásquez no intente ingresar al país y se lo impidan no hay un acto que reclamar, a pesar de las declaraciones oficiales. El abogado Alfonso Carrillo denunció el 21 de septiembre, ante la CC, el actuar de los funcionarios como prueba de desacato desde que no emitieron una orden para permitir el reingreso. Ayer, los magistrados dieron 48 horas a las autoridades denunciadas (que son Jimmy Morales, Sandra Jovel, Enrique Degenhart y Jorge Luis Donado) para entregar sus informes circunstanciados sobre el bloqueo a la entrada del comisionado a Guatemala.

Los 8 recursos presentados ante la CC por estos mismos funcionarios el domingo 23 de septiembre, todavía no han sido resueltos por el pleno de magistrados.

Estudiantes y ciudadanos protestan el 14 de septiembre de 2018.

5. Iván sigue lejos, la CICIG continúa aquí

Este batiburrillo mantiene dos certezas.

Una es que el comisionado Iván Velásquez continúa al frente de la CICIG, pero trabajando desde Estados Unidos. Y en la reunión que sostuvieron ayer su jefe, el secretario general de la ONU, António Guterres, como el presidente Jimmy Morales, no hubo acuerdo. Guterres insistió en mantener a Iván Velásquez como comisionado y que una solución es que la ONU nombre a un comisionado adjunto; el Gobierno ofreció analizar la propuesta.

Y la otra es que, aún con Iván Velásquez a la distancia, la CICIG sigue con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Las reuniones del MP con la CICIG de los martes siguen en la agenda, así como continúa el avance de los casos.

Esta semana la CICIG y el MP lograron dos nuevas condenas: a los exfuncionarios Mauricio López Bonilla y Manfredo Pacheco, acusados en el alquiler de unos vehículos blindados sobrevalorados en el Ministerio de Gobernación en tiempos del Partido Patriota. Y se espera que hoy 26 de septiembre se conozca la sentencia por otro los procesos paradigmáticos, el de IGSS-PISA. Hoy se decidirá sobre los sobornos del caso; quedará pendiente la otra mitad, la de las más de 50 muertes de pacientes renales provocadas por este caso de corrupción.

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