¿El traslado a Jerusalén es el suicidio del Sionismo?

1. No existe dominación impune

Hace algunos días cruzamos correos electrónicos con David Jacobson, un querido amigo israelí de mis años en la Universidad Hebrea, en los que expresaba su frustración ante los últimos desarrollos políticos en su país diciendo que, de tener afinidades con las democracias de Europa occidental, Israel se va pareciendo a las ‘democracias iliberales’ de Europa oriental, en términos del deterioro que nota en su práctica democrática y la vigencia de los derechos humanos. David, cuyos últimos libros son exploraciones eruditas sobre temas de trascendencia como las relaciones de género en el islam o la naturaleza de las nuevas guerras internacionales, es un académico que encajaría en lo que los norteamericanos llaman una perspectiva ‘democrática liberal’, y que en latitudes europeas o latinoamericanas corresponde a la izquierda democrática o el progresismo.

De origen surafricano, David llegó a Israel como adolescente tras considerar insoportable la naturaleza racista del régimen del apartheid que todavía existía en esos días, y veía en Israel la oportunidad de demostrar cómo una sociedad heterogénea étnica, religiosa, racial o políticamente podía funcionar en un marco político de democracia y tolerancia. Desde Israel, su carrera académica lo llevó a desarrollar su vida en universidades norteamericanas y, desde sus aulas, observar en su país de adopción una realidad política que, en lugar de avanzar hacia la solución de un conflicto histórico de dimensiones internacionales, lo aleja cada vez más de la posibilidad de hallarle una resolución pacífica y corroe la solidez de sus propias instituciones democráticas. Es un sentimiento que comparte una importante parte de la ciudadanía israelí, expresada cotidianamente en diversos medios de comunicación, pero que sin embargo se encuentra en relación de minoría en un electorado que le entrega el poder parlamentario a coaliciones políticas cada vez más recalcitrantes.

Las reflexiones de David me trajeron a la mente las palabras de otra figura de mis años universitarios en Jerusalén: el profesor Yeshayahu Leibowitz quien para cuando yo comenzaba mis estudios universitarios era ya una personalidad mítica dentro de la Universidad Hebrea y en la sociedad israelí. Leibowitz era cualquier cosa menos un liberal de izquierda; era uno de esos eruditos ‘renacentistas’, cuyo conocimiento atravesaba distintas disciplinas del conocimiento humano: redactor en jefe de la Enciclopedia Hebraica, era profesor de química, biología y neurosicología, pero también de historia de la ciencia y de filosofía. Además, como judío practicante ortodoxo, era un estudioso de su religión y autor de diversos textos en torno al pensamiento religioso judaico. Su estatura intelectual ha sido reconocida al recomendársele para el Premio Israel –el más alto reconocimiento otorgado a personalidades de las ciencias y las artes, que declinó–, y considerarlo uno de los intelectuales más importantes en la historia del Estado de Israel.

Su perfil no coincide en nada con el de un hombre de izquierda democrática contemporáneo, y si podría encajársele en algún paradigma político es el del libertarismo iconoclasta: desde su perspectiva religiosa, era un crítico profundo de la naturaleza idólatra de algunos nacionalismos, desconfiaba de los estados que se convertían en un fin en sí mismo, y se oponía terminantemente a cualquier asociación entre estado e iglesia, criticando acremente los arreglos que en la materia se habían ido tejiendo en Israel desde su fundación.

Y se opuso, desde un principio y en forma tajante, a la ocupación permanente de los territorios palestinos ocupados por Israel tras la Guerra de los Seis Días.

La oposición de Leibowitz a la ocupación de los territorios palestinos estribaba en su profunda preocupación sobre las consecuencias éticas que el ejercicio de dominación sobre una población sometida tendría en la naturaleza de las instituciones políticas del joven estado. Ya para ese entonces existía en Israel una minoría árabe palestina que había quedado dentro de sus fronteras tras la guerra de independencia de 1948, y que en el contexto de la problemática geopolítica del estado y de la región, era objeto de diversas formas de control y discriminación. Anexar los territorios ocupados implicaba integrar al Estado judío, que en ese entonces tenía una población de alrededor de 3 millones de habitantes, a un millón de árabes palestinos, lo que no era posible sin multiplicar los mecanismos de control y arriesgaba profundizar la discriminación.

Sus cavilaciones lo llevaron a escribir una famosa carta pública dirigida al Primer Ministro del momento, instándolo a rechazar las presiones del sector religioso-nacionalista para extender la soberanía del estado a dichos territorios bajo el principio religioso de la ‘santidad de la tierra’, reclamando redimir el territorio ancestral mediante su colonización con población judía. No tengo el texto de la carta a la vista, pero eran las mismas ideas que más tarde plasmó en un ensayo sobre el tema escrito en 1968 que tituló ‘Los Territorios’, y que quedan encapsuladas en el siguiente párrafo:

“El dominio sobre los territorios ocupados tendría repercusiones sociales… Un estado que gobierna una población hostil de 1,5 a 2 millones de extranjeros se convertiría necesariamente en un estado policial, con todo lo que esto implica para la educación, la libertad de expresión y las instituciones democráticas.  La corrupción característica de todo régimen colonial también prevalecería en el Estado de Israel.  La administración tendría que suprimir la insurgencia árabe por un lado y adquirir Quislings árabes por el otro. También hay buenas razones para temer que las Fuerzas de Defensa de Israel, que ha sido hasta ahora un ejército popular, se degenerará como resultado de ser transformado en un ejército de ocupación, y sus comandantes, convertidos en gobernadores militares, se asemejarán a sus colegas de otras naciones. Es por preocupación por el pueblo judío y su estado que no tenemos más remedio que retirarnos de los territorios y de su población de un millón y medio de árabes.”

Es decir, más allá de los efectos que la ocupación tendría sobre la población palestina oprimida, su preocupación central era su efecto nocivo sobre la sociedad israelí y sus instituciones.

La relevancia de la carta trascendió su particular contexto histórico. Me encontré nuevamente con este texto hace algunos años en un impactante facsímil que colgaba en una de las galerías del Centro Rabin en Tel Aviv. El museo del Centro está dedicado a recordar y entender las ‘guerras de los judíos’ –los enfrentamientos, a menudo fratricidas, entre distintos grupos y facciones de la sociedad israelí sobre cuestiones ideológicas, políticas, religiosas y sociales– y en este contexto, las palabras emitidas por Leibowitz cuatro décadas atrás asumían un carácter trágicamente profético: Rabin, uno de los próceres políticos y militares del Estado de Israel, héroe de guerra y arquitecto de campañas anti-terroristas, fue asesinado en 1995 a manos de un terrorista judío opuesto a sus esfuerzos como Primer Ministro por alcanzar un acuerdo de paz. Un religioso nacionalista que consideraba una traición cualquier repliegue de los ‘territorios sagrados’ que las tribus de Israel habían habitado hacía dos milenios, y que recurría al terrorismo como método para lograr sus fines.

Tradujimos un mapa de Vox.com en el que se muestran los asentamientos ilegales israelís (en celeste) y los campamentos ilegales (en morado) en donde podría haber nuevos asentamientos.

2. Boicotear las oportunidades para la paz

Mi visita al Centro Rabin fue en el marco de uno de tantos viajes a Israel realizado durante un período de cinco años en apoyo a un grupo de israelíes que buscaban fórmulas que le permitan su sociedad vivir sin la Espada de Damocles de la guerra sobre la nuca. Pocos estados han enfrentado desde sus orígenes y de manera sostenida una problemática de seguridad como la que ha enfrentado Israel, marcada por la hostilidad de los estados circundantes a su existencia expresada en una serie de guerras comenzando por la agresión militar de que fue objeto tras su declaración de independencia, la Guerra de los Seis Días y la Guerra de Yom Kippur, así como el terrorismo de la Organización de Liberación de Palestina anterior a los Acuerdos de Oslo, y la de Hamas posteriormente. Israel, por su parte, ha generado una serie de campañas y operaciones militares de distinta índole, de defensa y agresión, aplicando su considerable poderío militar contra distintos objetivos más allá de las fronteras internacionalmente reconocidas, y mantiene el sometimiento de la población palestina en los territorios ocupados mediante la vigencia de una ley militar inconcebible en un Estado democrático.

Independientemente de la medida en que las responsabilidades políticas que a cada parte le corresponde en la autoría de los distintos hechos de violencia que integran este ciclo –y ninguna es inocente–estas amenazas reales generan una profunda sensación de inseguridad en las poblaciones afectadas. Por supuesto, en la población israelí, cuya percepción de inseguridad existencial –la posibilidad de que su estado sea destruido– ha sido una constante desde su creación, pero también la población palestina, sujeta por efecto de la historia a la dispersión demográfica, el hacinamiento por generaciones en campamentos de refugiados, a las humillaciones cotidianas y la conculcación de derechos básicos con los que vive todo el pueblo ocupado mediante dominación militar. Esta profunda inseguridad es fuente de polarización política en ambas sociedades: ninguna se siente segura ante la otra, y ambas han adquirido una desconfianza recíproca visceral. Y esta polarización se ha convertido en uno de los principales obstáculos en la búsqueda de fórmulas viables para la paz en la región.

Ese era el contexto en el que regresé a Israel, más de quince años después de haber dejado mi puesto como diplomático guatemalteco y más de veinte de haberme graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se trataba de apoyar a un admirable grupo de israelíes a repensar el conflicto desde la perspectiva de las necesidades y expectativas de sus respectivos sectores, esfuerzo que mi organización apoyaba aportando estrategias y metodologías dialógicas. No se trataba de asistir a los ‘sospechosos habituales’ del cada vez más reducido sector pacifista del progresismo de izquierda o liberal  –´majané ha-shalom’–, por demás ampliamente experimentados en esas cuestiones, sino miembros de sectores de la sociedad israelí raramente identificados con procesos de diálogo y esfuerzos de paz: judíos ortodoxos de origen sefaradí, judíos inmigrantes rusos, judíos religiosos del campo ‘nacionalista’ –generalmente identificados con los sectores políticos de derecha y nacionalistas– y con los árabes palestinos ciudadanos de Israel, una minoría atrapada entre la espada y la pared. El esfuerzo consistía en favorecer procesos de reflexión interna dentro de cada uno de esos colectivos sobre los términos aceptables de un proceso de paz, e identificar de qué manera podían contribuir a estos esfuerzos, viabilizando el apoyo social sin el que ningún proceso de paz podría avanzar.

Itzik Sudri, una de las figuras claves de este esfuerzo, pertenecía a ‘la corte’ de una de las principales figuras religiosas de Israel contemporáneo, el Rabino Ovadia Yosef, máxima autoridad religiosa del judaísmo sefaradí, el rito de los judíos ‘orientales’ originarios de la cuenca del mediterráneo y los países árabes. Sudri era además uno de los operadores políticos más influyentes dentro del movimiento político conservador que aglutina a judíos ortodoxos orientales Shas, portavoz del movimiento y asesor de ministros y primeros ministros. Pero también había formado parte de la Iniciativa de Ginebra, en el que personalidades israelíes y palestinas lograron acordar en 2003 las bases de un estatuto final para la solución del conflicto sobre el principio de ‘dos pueblos, dos estados’, que implicaba el establecimiento de un Estado palestino en los territorios ocupados.

Su apoyo a una solución que, desde la perspectiva religiosa, pareciera contradictoria con el principio de ‘santidad de la tierra’ estaba afincada, sin embargo, en fuertes raíces religiosas: en los años sesenta, el Rabino Yosef había dictaminado que, cuando existiera una contradicción entre el principio de ‘santidad de la tierra’ y el principio de ‘santidad de la vida’, este último tenía preeminencia. Si el intento de mantener el control sobre los territorios palestinos ocupados bajo el argumento de ‘santidad de la tierra’ conduce a la guerra y la violencia, concluía Sudri, el principio de ‘santidad de la vida’ obligaba a renunciar a ellos en aras de una paz segura. Y, sin lugar a duda, la ocupación de los territorios palestinos es un fenómeno generador de violencia.

A pesar de las críticas de otros creyentes ortodoxos que consideraban esa posición prácticamente herética, Yosef apoyó la participación en las conversaciones de Ginebra de su más cercano asesor legal, David Glass, y del jóven Sudri, así como sus posteriores esfuerzos en la materia. Y fue precisamente en el marco de un evento para líderes religiosos de Shas convocado a puerta cerrada varios años después por Sudri, cuando uno de los rabinos más prominentes y a la sazón alta autoridad estatal, conmocionó a los participantes al zanjar las discusiones sobre las posibilidades de negociar el estatuto de la ciudad de Jerusalén en el marco de un proceso de paz afirmando que, desde el punto de vista religioso, lo que había que asegurar era la integralidad de la ‘Jerusalén de arriba’, espiritual, intemporal y mística, y no la de la ‘Jerusalén de abajo’, terrenal y prosaica.

Por supuesto, el asesino de Itzjak Rabin no hubiera compartido ese sofisticado análisis por sabio que fueran el Rabino Yosef o su correligionario cuyo nombre me reservo. Con la misma lógica con que el evangelio del amor cristiano fundamentó cruzadas asesinas y torturas inquisitoriales, o con la que las enseñanzas de Mahoma justifican la barbarie de Daesh, la fe de este extremista judío lo había llevado a la conclusión de que había que acabar con el impío que amenazaba con traer la paz, por la paz implicaría ceder territorio. El terror siempre encuentra formas para colarse dentro de la piedad: el asesinato de Rabin puso fin a uno de los momentos más auspiciosos para la paz. Y a 22 años del magnicidio, las colonias judías en los territorios palestinos y la enorme fuerza política que el sector religioso nacionalista ha desarrollado en Israel continúan siendo uno de los principales obstáculos para un arreglo de paz en la región.

No es el único, por supuesto; el conflicto es sumamente complejo y obstáculos hay varios. Y no se trata solo de obstáculos generados por la dinámica política israelí; los palestinos tienen sus propios demonios, como Hamas se ha ocupado de demostrar. Abba Eban, uno de los más grandes diplomáticos israelíes de la época fundacional, expresaba a comienzos de los años setenta que el liderazgo árabe “..no perdía ninguna oportunidad para perder la oportunidad de hacer la paz”. Pero en realidad, es una reflexión que se puede aplicar a ambas partes: cuando las condiciones parecieran finalmente estar dadas para encontrar un acuerdo, cuando no es uno el que se encarga de arruinarlas es el otro.

3. Dos pueblos que compiten por el mismo territorio

En 1993 el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina alcanzaron el Acuerdo de Oslo, y lanzaron un proceso para buscar la solución pacífica al conflicto israelí-palestino sobre la base de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, amparando el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y el del pueblo israelí a su seguridad. Las partes se comprometieron a continuar las negociaciones para encontrar soluciones a una serie de complicadas cuestiones dentro de las que se encontraba, por ejemplo, el estatuto final de Jerusalén, ciudad que ambos estados reclaman como capital.

Pero las negociaciones oficiales se estancaron. Con el propósito de romper el impasse del proceso oficial, un grupo de representantes de primera línea de las sociedades israelí y palestinas decidieron asumir el reto de buscar estas soluciones en el proceso de Ginebra, y tras de dos años de negociaciones secretas acordaron en 2003 los parámetros de lo que pudiera ser el estatuto final que diera cuerpo al principio establecido en los Acuerdos de Oslo.

Todo parecía indicar que entre Oslo y Ginebra se podría avanzar ágilmente hacia un arreglo sostenible, y durante años, los esfuerzos de paz internacionales y domésticos se enfocaron en lograr que las bases de esos esfuerzos fructificaran en soluciones prácticas. Pero las complicaciones políticas al interior de ambas sociedades fueron haciendo cada vez más difícil avanzar: cuando los ‘halcones’ de las confrontaciones armadas históricas en ambos bandos –en la OLP, en el establishment político israelí– habían alcanzado la voluntad de trabajar por la paz, los maximalistas en ambas sociedades –Hamas de un lado, el bloque pro-asentamientos del otro– pasaron a dominar sus respectivos procesos políticos. Sus acciones provocadoras se alimentaron mutuamente y polarizaron la opinión pública de ambas sociedades, desdibujando las posibilidades de un arreglo sobre la base de un acuerdo territorial que satisficiera al menos mínimamente las necesidades de ambos estados y sociedades.

Hoy, la posibilidad de un acuerdo sobre la base de dos pueblos, dos estados pareciera alejarse. Las presiones del lobby religioso nacionalista por anexar ya no solo de facto sino de jure territorios palestinos, y la introducción de legislación destinada a dificultar la inclusión del estatuto final de Jerusalén en cualquier arreglo comienzan a aumentar la probabilidad de que la problemática palestino-israelí termine por definirse dentro de un solo estado: el Estado de Israel, que finnalmente anexa de jure los territorios ocupados tras la Guerra de los Seis Días y asume que la población palestina que los habita queda sometida a su soberanía.

Algunos analistas y políticos israelíes, en la izquierda y en la derecha, han señalado que las posibilidades de que un gobierno israelí ordene la evacuación de los más de medio millón de colonos judíos en los asentamientos –condición ineludible para una solución negociada–, o que se den las condiciones internacionales que los presione a hacerlo, son remotas. Desde esa perspectiva, la idea de una solución basada en dos estados independientes, uno palestino y el otro judío, son inviables. En consecuencia, anuncian, ha llegado el momento de asumir el costo de la historia, anexar los territorios de jure, y extender derechos plenos de soberanía a sus habitantes palestinos.

No es la primera vez que se considera que la solución a esta problemática debería abordarse dentro de un solo cuerpo político. Grupos de la izquierda socialista judía manejaron en la primera mitad del siglo XX la noción de que la convivencia árabe-judía era posible en el marco de un único estado laico y democrático, sobre el principio de estricta igualdad política de sus comunidades. La declaratoria del Estado de Israel como uno dotado de identidad étnico-religiosa –las instituciones del estado reflejan el carácter judío del estado– hizo inviable esa definición, ya que ipso-facto convertía a la población no judía en ‘huésped’ de un estado que no le es propio aunque disfrute de derechos de ciudadanía, una situación que el sociólogo israelí Samy Smooha ha calificado como ‘etnodemocracia’.

De hecho, la solución alcanzada por la Comisión de Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP) en 1947 definió que era necesario establecer dos estados, uno para cada pueblo, y no únicamente un estado judío. La solución de la UNSCOP era, como suele ser todo compromiso entre posiciones encontradas, imperfecta. Pero era la solución lógica dentro de una situación creada por la historia en la que dos pueblos se disputaban el derecho al mismo territorio.

Palestina no era un territorio deshabitado cuando comenzaron a llegar judíos europeos, convencidos de que la solución a los milenios de discriminación y racismo que siguieron a la destrucción del Segundo Templo por el emperador romano Tito se encontraba en el retorno a la tierra de la que sus ancestros: el retorno a Sión. Cuando los judíos sionistas comenzaron a regresar en la segunda mitad del siglo XIX a lo que para ese entonces era territorio del imperio otomano, se encontraron –además de pequeñas comunidades judías ortodoxas de origen ancestral y concentradas en algunas poblaciones– con una población árabe musulmana y cristiana que habitaba sus ciudades y cultivaba sus campos desde hacía siglos, y que fue creciendo con el tiempo debido a su tasa de crecimiento y procesos de inmigración. En 1900, cerca de 600,000 personas habitaban la zona y aproximadamente el 94% era árabe; para 1948 seguían siendo mayoría, pero su proporción había descendido al 68% por el influjo de inmigrantes judíos, especialmente después del Holocausto sufrido durante la Segunda Guerra Mundial. Este encuentro era inevitablemente problemático, porque establecía una competencia entre ambos pueblos por el control de la tierra y del territorio. Arthur Ruppin, uno de los líderes sionistas y fundador de la ciudad de Tel Aviv, declaraba en 1930 que:

“La tierra es lo más necesario para el establecimiento de nuestras raíces en Palestina. Puesto que difícilmente existen tierras sin arar en Palestina, estamos obligados, en cada caso de compra de tierra y asentamientos, a expulsar a los campesinos que la cultivaban hasta ahora, ya sea propietarios o arrendatarios.”

Dentro del sionismo, esto dio lugar a encendidos debates ideológicos y políticos entre quienes pensaban genuinamente que el proyecto sionista implicaba beneficios para ambos pueblos, y quienes se daban cuenta de que el curso de colisión era inevitable. Zeev Jabotinsky, el ideólogo paradigmático del nacionalismo israelí de derecha y referente ideológico del partido Likud actualmente en el poder, escribía ya en 1927 que:

“Pensar que los árabes aceptarán voluntariamente a la realización del sionismo a cambio de los beneficios culturales y económicos que podemos otorgarles es infantil. Esta fantasía infantil de nuestros "arabófilos" proviene de algún tipo de desprecio hacia el pueblo árabe, de algún tipo de visión infundada de esta raza como una chusma dispuesta a ser sobornada para vender su tierra natal para una red ferroviaria.”

Inevitablemente, la violencia se hizo presente: ataques árabes a colonias agrícolas, turbas antijudías en las ciudades, grupos paramilitares judíos de defensa, terrorismo político de ambos bandos, campañas militares de distinta índole……un ciclo de violencia que no cesa desde entonces.

Para 1947, la UNSCOP se encontraba con un verdadero dilema: encontrar una solución perfecta en justicia legal, moral e histórica era imposible, especialmente dentro de un contexto internacional marcado por el horror moral causado por el genocidio de los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. La solución encontrada, la partición en dos estados, fue la que se encontró menos imperfecta: no se podía negar por completo el derecho de los habitantes árabes de los territorios a sus aspiraciones políticas, y no se podía empujar al mar a los 600,000 habitantes judíos que ya para entonces habitaban el territorio. Había que dividirlo en dos y crear, en cada parte, un hogar para cada pueblo. Y fue esa la recomendación que la comunidad internacional aprobó en la histórica votación de noviembre de 1947.

Otra cosa es que su propósito haya sido desbaratado por el rechazo de los países árabes a esta solución, su fracasado intento de resolver militarmente el problema arrollando a las nacientes colonias judías, y el desafortunado proceso histórico que se desarrolló a partir de ese momento. Un proceso marcado por liderazgos políticos que, en uno u otro bando, en distinto momento y de distinta manera, se han encargado de echar por tierra condiciones favorables y oportunidades para resolver el conflicto que han ido surgiendo en distintos momentos, dentro de las que se inscribe la infeliz decisión de mantener control territorial y permitir la expansión de colonias judías en los territorios palestinos ocupados tras la Guerra de los Seis Días.

4. La ocupación de los territorios palestinos como amenaza a la seguridad de Israel

En opinión de un número cada vez mayor de académicos y periodistas, la posibilidad de que una solución basada en dos estados sea inviable va en aumento: es cada vez mas difícil concebir que el liderazgo político israelí asuma el costo político-electoral de ordenar la evacuación de las colonias judías en los territorios ocupados; es cada vez mas difícil que el liderazgo palestino dispuesto a encontrar una negociación negociada mantenga su legitimidad ante su incapacidad para obtener de su contraparte concesiones mínimas en torno al crecimiento de los asentamientos judíos legales e ilegales en lo que sería el territorio de su eventual estado.

Pero si el Estado palestino ya no es viable, las consideraciones hechas en su momento por Yeshayahu Leibowitz retoman actualidad. De extender su soberanía sobre los territorios palestinos, Israel tendría que asumir el costo de su decisión en dos direcciones posibles: o renuncia a un ser un estado judío, o renuncia a ser un estado democrático. Gideón Levy, uno de los más importantes periodistas israelíes, resume el dilema de manera provocadora: la ruta de un estado único para ambos pueblos –el estado binacional– sólo tiene dos opciones, o un estado de ‘apartheid’ o un estado democrático, lo que para él implica que habrá que renunciar al carácter judío del estado para asumir plenamente su naturaleza democrática.

Ante tal escenario, personajes insospechados han comenzado a formular fuertes advertencias a la opinión pública israelí y a su liderazgo político para rescatar el objetivo de ‘dos pueblos, dos estados’, abandonando la ruta del maximalismo territorial y procurando lo antes posible un arreglo de paz que le dé realidad y consistencia al Estado de Palestina. Insospechados, porque son precisamente líderes militares o de los míticos servicios de inteligencia quienes rompen su tradicional silencio para criticar la falta de visión estratégica del liderazgo político israelí y apuntar que su incapacidad pone en riesgo al Estado judío.

No se trata de opiniones aisladas. En el documental titulado ‘Los Guardianes’ (2012) los seis exdirectores que hasta la fecha había tenido el Servicio de Seguridad –inteligencia interna, llamada Shin Bet por su acrónimo en hebreo– rompieron por primera vez su silencio para abordar cuestiones polémicas del funcionamiento de los servicios de inteligencia, y entre otros temas, coincidiendo en que la ocupación de los territorios es dañina para el Estado de Israel. Desde 2014, 277 oficiales superiores de los cuerpos de seguridad del estado, incluyendo exdirectores de servicios de inteligencia, comandantes de unidades militares de élite, directores y miembros del consejo nacional de seguridad y comandantes de policía, organizados en un grupo llamado Comandantes por la Seguridad de Israel y manifiestamente al margen de agendas políticas de derecha o izquierda, declaran públicamente que la seguridad del Estado de Israel pasa inexorablemente por un arreglo de paz regional y el establecimiento de un Estado palestino. ¿Puede acusarse a estos actores, gestores de la seguridad del Estado de Israel, como traidores a sus intereses o ingenuos políticos? Difícilmente. Lo que sucede es que la situación está llegando a una coyuntura crítica. Como lo resumió en una conferencia sobre Seguridad y Estrategia de Israel celebrada en la ciudad de Netanya en marzo de 2017 el exdirector del Mossad –el organismo de inteligencia exterior–, Tamir Pardo, “…ha llegado el momento de sacar la cabeza de la arena y enfrentar esta pregunta: ¿Qué tipo de país deseamos ser?”.

De extender la soberanía israelí a lo que hoy son los territorios ocupados, el principio democrático de igualdad ante la ley implicaría que la población palestina de dichos territorios tendría idénticos derechos políticos a los de los ciudadanos judíos o drusos –una minoría étnica que habita entre Israel, Siria y Líbano– del Estado de Israel. Hoy, de acuerdo a la Oficina Central de Estadísticas del Estado de Israel, su población es de 8.7 millones de habitantes, de los cuales 1.83 millones (20.9%) son árabes palestinos ciudadanos del Estado. Son una minoría significativa, pero evidentemente no una cuyo peso electoral y político amenace la hegemonía de la mayoría judía, y gozan de derechos políticos y civiles configurando la compleja ‘etnodemocracia’ que Smooha describe. Pero si se anexara a la población árabe palestina que reside en los territorios ocupados, que en 2017 era de 4.9 millones, la situación cambia dramáticamente: el porcentaje de población árabe palestina dentro del expandido Estado de Israel pasaría a ser prácticamente del 50%.

Al sumar a los 4.9 millones de palestinos que habitan los territorios ocupados los 1.83 millones de árabes palestinos ciudadanos de Israel, el total de 6.73 millones es casi idéntico al del total de población judía: 6.87 millones. Aún más, las tasas de crecimiento de la población palestina dentro de Israel y en los territorios ocupados es mayor –con diferencias por región, y Gaza en primer lugar– que la de la población judía. En consecuencia, para 2030 solo una tercera parte de la población del Estado de Israel sería judía.

Difícil creer que, en tales condiciones demográficas, una mayoría política con tal influencia y dimensión no actuara electoralmente para transformar la naturaleza de las instituciones políticas del estado del que es ciudadana, lo que hace difícil que la naturaleza confesional –judía– de las instituciones estatales pudiera mantenerse. Era el escenario que, ya en 2007, me hacía ver en una conversación en Tel Aviv el conocido periodista y escenarista israelí de origen árabe palestino Ali Waked: para su comunidad, el mejor escenario posible era la anexión de jure de los territorios ocupados y su población al Estado de Israel, porque en la medida en que Israel continúe siendo una democracia, los ciudadanos israelíes de origen árabe palestino dejarían de ser una minoría en su propio país. Es decir, si el Estado de Israel absorbe con derechos plenos de ciudadanía a la población palestina de los territorios ocupados, lo más probable es que de manera natural y democrática deje de ser un estado judío.

La alternativa, en el marco de un único estado, es limitar los derechos ciudadanos de la población árabe palestina, al menos la de los territorios ocupados, creando una estructura de derechos diferenciados que, por definición, son discriminatorios. Eso implicaría abandonar las aspiraciones democráticas de los fundadores del Estado de Israel, y que han sido tan esenciales a la identidad del Estado judío: en contraste con la mayoría de los países del mundo, el Estado de Israel no ‘llega’ al sistema político democrático producto del devenir histórico; nace como una democracia en la que izquierdas y derechas debaten sobre sus alcances y modalidades, no sobre su necesidad. Con todas las limitaciones que autores como Smooha señalan, Israel ha mantenido dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas del Estado una polis democrática que tienen en ciertas instituciones del Estado sus baluartes, y una de ellas ha sido la Corte Suprema de Justicia.

Es esta naturaleza democrática lo que está actualmente en juego. Las contradicciones inherentes a la combinación entre una democracia liberal y un estado confesional no son nuevas –la población árabe palestina israelí estuvo sometida a control militar hasta finales de la década de los sesenta– y se reflejan en las tensiones de lo que Smooha calificó de ‘etnodemocracia’. Pero ahora comienzan a hacer mella: en 2012 uno de sus jueces de la Corte Suprema dictaminó, en apoyo de la legislación de inmigración vigente, que los cónyuges palestinos de ciudadanos israelíes no tienen derecho a residir en el país –una condición que afecta a sus propios ciudadanos árabes palestinos– reconociendo que, aunque eso menoscaba sus derechos humanos, sería ‘suicidio político’ para el Estado permitirles ese derecho. Un reconocimiento a la simple matemática demográfica, que se decanta por una solución que establece derechos diferenciales sobre criterios étnicos, y que remite al comentario de David Jacobson citado al principio de este artículo: ¿De la democracia liberal a la democracia iliberal al autoritarismo etnocrático?

Un estado que intentara mantener el control de una minoría étnica o religiosamente definida frente a una mayoría diferente no sólo se vería obligado a crear instituciones antidemocráticas, sino se vería arrastrado al ejercicio de distintas medidas de coerción política para contener la resistencia de lo que pasaría a ser la mayoría de la población del país. Es la ruta sudafricana. Sería poco probable que la población palestina de los territorios se resignara a su suerte –no lo ha hecho hasta ahora– aceptando la conculcación de sus derechos políticos y la categoría de ciudadanos de segunda clase en el marco de un estado al que considerarían usurpador. Mas tarde o más temprano, esa resistencia daría lugar a protestas que obligarían a sus autoridades a adoptar los perfiles del estado policial del que advertía el profesor Leibowitz ya en 1968, una situación que hoy se aplica sólo a los territorios ocupados, gobernados mediante una ley marcial. Sería un escenario de brutalidad descarnada y violencia desesperanzada, al desaparecer del horizonte la posibilidad de una solución pacífica que la lógica de la creación de dos estados representa, y que englobaría al conjunto de territorio y habitantes del Estado de Israel en la pesadilla.

5. El reconocimiento internacional de Jerusalén unificada como capital del Estado de Israel: ¿El suicidio político del sionismo?

El estatuto final de la ciudad de Jerusalén quedó, tanto en los Acuerdos de Oslo como en la iniciativa de Ginebra, como tema que sería definido en el marco de un acuerdo de paz entre ambas partes, ya que tanto israelíes como palestinos la reclaman como su capital. Es en este complejo escenario que se inscribe la reciente e irresponsable decisión del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén unificada como capital del Estado de Israel. Ya Trump había eliminado de la plataforma del Partido Republicano el compromiso con el principio de ‘dos pueblos, dos estados’, nombrando embajador en Israel a un activista en favor de la expansión de los asentamientos judíos en los territorios ocupados, y recortando drásticamente la contribución norteamericana a la agencia de Naciones Unidas que, desde 1949, se encarga de asistir a la población palestina desplazada de sus tierras.

Esta serie de decisiones han terminado hasta nuevo aviso con el papel de los Estados Unidos de América como mediador del proceso de paz entre israelíes y palestinos, como fue anunciado en Ramallah –sede de las autoridades palestinas– al día siguiente de la decisión norteamericana de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y que comienza a evidenciarse por el boicot que líderes políticos y religiosos árabes, musulmanes y cristianos, le hicieron al Vicepresidente Mike Pence durante su reciente visita a la región.

Los maximalistas israelíes se regocijan ante el nuevo contexto, y comienzan a aprovecharlo: el parlamento israelí pasó una modificación a ley que regula el estatuto de Jerusalén como capital del Estado de Israel para hacer más difícil cualquier concesión en caso de negociaciones de paz, y existen planes para expandir los límites de la ciudad incorporando asentamientos que actualmente se encuentran en territorios ocupados van tomando fuerza.

Sin una mediación internacional creíble –de la que los Estados Unidos es parte necesaria–, sin interlocutores árabes dispuestos a humillarse ante las decisiones de la administración norteamericana, y con un liderazgo político israelí embriagado por la ´carta blanca’ que está recibiendo de la administración Trump, las posibilidades de un proceso de paz, ya congeladas, quedan diferidas sine die.

Es, en opinión de algunos comentaristas israelíes que aún sostienen el ideal sionista de un estado judío, el suicidio político del sionismo. Para otros, claros de que la opción de un estado confesional los aleja cada vez más del ideal democrático, la oportunidad de terminar con una ilusión inviable –dos estados– y asumir la realidad de un estado binacional laico y democrático. Del otro lado, para quienes asumen el sionismo en su vertiente religiosa –que, vale la pena recordarlo, no era la dominante en momentos de la creación del estado– algunos creen que esta es la oportunidad para finalmente liberar la tierra de sus ancestros bíblicos y reconstruir el Tercer Templo, al amparo de Dios y de los Estados Unidos de América.

En la tradición rabínica se dice que, tras la destrucción del Segundo Templo Dios le dio el don de la profecía a los niños y a los tontos, de manera que no voy a arriesgarme a vaticinar que es lo que va a suceder en este incierto mar político de corrientes encontradas y vientos huracanados. Pero puedo decir que, sin lugar a duda, las últimas acciones del liderazgo político norteamericano se suman a una larga historia de decisiones equivocadas –israelíes, palestinas y norteamericanas– en torno a la ocupación de los territorios palestinos, poniendo en entredicho la solución propuesta por la UNSCOP en 1947 que, por imperfecta que haya sido, impedía que el costo de la solución al problema fuera recayera exclusivamente sobre alguno de los dos pueblos: el palestino o el judío.

Y es a este escenario peligroso al que nuestro país contribuye, mediante la decisión irreflexiva, irresponsable y equivocada, asumida con la ligereza de quien no entiende el problema, de hacerle el juego a las decisiones de Donald Trump fijando posiciones sobre el tema de Jerusalén que cada vez más alejan la esperanza de una coexistencia pacífica entre dos pueblos que la historia ha condenado a cohabitar.