La Contraloría, en poder de los auditores, es el primer filtro para las candidaturas

La Contraloría General de Cuentas es el sabueso escuálido que persigue el rastro de los recursos financieros del Estado. La tarea de los auditores es clave para fiscalizar los casi Q90 mil millones de presupuesto general distribuidos en cientos de entidades, pero la tarea es gigantesca porque el equipo trabaja sin recursos y sujeto a acuerdos políticos que los condicionan. El Congreso elegirá al próximo contralor en un momento en que el Pacto de Corruptos está bombardeando la lucha contra la corrupción. Los diputados tienen en la mano el collar de ese sabueso débil y mal alimentado.

Entender la política Congreso de la República Contraloría General de Cuentas P147

Edificio central de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Fotos: Carlos Sebastián

1. En manos del Congreso, no escapa de la politización

Si alguien aspira a ser Contralor, el proceso para llegar al cargo implica aliarse a uno de los tantos grupos que orbitan en el mundo de los auditores.

Integridad y Desarrollo, Fortaleza, Excelencia Profesional y Movimiento de Amigos y Profesionales Agremiados, son algunos de los que promovieron planillas para ocupar cargos en la Comisión de Postulación que evalúo a los aspirantes. Los contadores públicos y auditores votaron por ellos en un proceso que parece una réplica de la política nacional.

Leonel Chacón, secretario de trabajo y conflicto de Sitraconfiel, uno de los seis sindicatos que existen en la Contraloría, relata que para obtener los votos los interesados hacen campañas con grandes cantidades de dinero, con reuniones, almuerzos, cenas, incluso con viajes a la playa. Tener más representantes en la Postuladora asegura a los grupos contar con los votos necesarios para impulsar a sus candidatos.

[¿Aún no recibís La Jugada? Suscribite aquí y recibí en tu correo una explicación de lo más importante del día.]

—Lo que ha afectado mucho a la contraloría y no la hace que cumpla su función como debiera ser, de combatir la corrupción y velar por la verdadera calidad del gasto, es la forma politizada como son electas las autoridades. Vienen (a la Contraloría) condicionados del Ejecutivo o del Legislativo. Nadie puede negar que todo lo que pasa por el Congreso es político y por lo tanto viene politizado. Eso podría afectar la cobertura porque pudiera ser que por responder a intereses políticos no se auditen todos los entes.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, ha observado el proceso desde el inicio y señala que las decisiones no se basan en el perfil y experiencia de los aspirantes, sino en acuerdos políticos. La experta explica:

—Las comisiones de postulación tradicionalmente han negociado los perfiles.

El panorama no es distinto cuando los expedientes llegan a manos de los diputados. Dentro de la Contraloría, el resultado de esos acuerdos políticos genera división entre los auditores. Chacón, el auditor y sindicalista, lo describe así:

—Aquí estamos divididos entre los alineados y los no alineados. Los alineados son los que están de acuerdo y han trabajado afines a las autoridades superiores y los no alineados somos los que estamos en la parte que no nos prestamos para hacer política ni ser politizados y que nos dedicamos a cumplir con nuestras actividades. Por eso nos recargan de trabajo y en algunos casos hasta somos presionados.

Gonzalo Reyes y Rolando Fajardo, de la junta directiva del SindicatoCGC, otra de las organizaciones dentro de la institución, señala que durante la gestión de Carlos Mencos fueron contratados alrededor de 500 auditores, que si bien suplieron una parte de la necesidad de personal para realizar todas las auditorías, también están vinculados a una estrategia para ganar elecciones en los colegios de contadores públicos y auditores.

—El problema es que eso solo ha sido con el interés de la participación en política gremial. Eso significa que los han contratado para tener el voto de ellos en el Colegio sin mayores procesos de selección. En el fondo lo que quieren es comprar a esta gente con una plaza para que vayan a votar por los grupos.

Leé este interesante análisis¿Por qué la Contraloría denunció a Thelma Aldana?

Alfredo Gil es trabajador de la Contraloría desde hace 25 años. Es secretario general de Sitraconfiel y se queja que los auditores que esquivan la política gremial reciben presiones.

—En una ocasión recibí instrucciones de un jefe de entregarle los libros de cuenta corriente a una persona porque yo estaba tras la búsqueda de unos millones que se habían perdido. Las órdenes superiores eran que yo entregara la cuenta. Algo así se da a nivel de los auditores, presiones, ofrecimientos y cuestiones que a la larga termina polarizando al equipo técnico.

La bandera política de los que van tras el poder de la institución impacta directamente en el trabajo del resto de auditores, en la administración de sus recursos, en la cobertura de la fiscalización y en cantidad y calidad de denuncias por actos corruptos. Carmen Aída Ibarra señala que la CGC ha sido “mangoneada” al punto de que las autoridades ordenan parar o acelerar las auditorías y sus hallazgos.

—Es necesario que la Contraloría sea sometida no solo un proceso de modernización en lo tecnológico, en lo administrativo e institucional, también se requiere de medidas políticas de integridad que faculte a los empleados y funcionarios para defender su trabajo independiente.

Uno de los ejemplos que cita son los hallazgos que detectaron auditores en los gastos del Ministerio de la Defensa y que se supo, hubo intentos por detener. En 2018 el Cuerpo de Ingenieros adquirió maquinaria por Q90 millones y la Contraloría registró falta de transparencia en el proceso de compra.

Esa queja es constante entre los seis auditores entrevistados para este reportaje, que señalan que no se respeta el criterio de su fiscalización.

—Quién hace el trabajo de campo es el auditor, quien vio la documentación, verificó y constató y sabe de la auditoría es él, porque los resultados fueron así, no se respeta su criterio y se condicionan sus criterios porque el informe pasa por varias instancias. Ese es un asunto que ha afectado, porque la forma en que contratan a los cargos de supervisor y otras jefaturas.

 

Rolando Fajardo, del SindicatoCGC.

Rolando Fajardo, del SindicatoCGC.

2. La palabra prohibida en la Contraloría

Una de las preguntas frecuentes en las entrevistas a los candidatos a Contralor fue cómo mejorar la cobertura y calidad de la fiscalización. La respuesta común fue que era necesaria la tecnificación del equipo. Hay un plan en marcha desde la gestión de Carlos Mencos, que impulsó capacitaciones de auditorías financieras, de cumplimiento y desempeño, pero que a criterio de los contadores entrevistados, no funcionó.

—Se capacitó de manera virtual y cada grupo hacía las cosas juntos, no individual; de esa manera casi todos sacaban un punto muy alto. Para mí, como ciudadano, como profesional, trabajador de la Contraloría y miembro del sindicato, yo creo que esa es una debilidad, porque uno tiene más libertad para disponer cómo contestar, cómo estudiar y cómo desvirtuar la capacitación y la forma como uno es evaluado. Aquí hay muchos trabajadores que sacaron 98 puntos, pero a la hora de la hora no sabían cómo planificar una auditoría—, dijo Alfredo Gil.

Este tipo de inducciones están a cargo de la unidad de la Contraloría, Escuela de Control Gubernamental de Buenas Prácticas, donde según los entrevistados, los profesores son los trabajadores de la Contraloría que mejores notas obtuvieron en las evaluaciones virtuales y no tienen sustento pedagógico. Otro de los problemas es que incluso algunos trabajadores son capacitados en un área, y son nombrados para hacer auditorías de otro tipo.

La mejora de las capacidades técnicas del personal de la Contraloría, es una oferta de campaña, pero en la realidad los procedimientos no son efectivos. Uno de los profesores de esa Escuela dijo a Nómada que recibió la instrucción de no mencionar la palabra “corrupción” en las inducciones porque algunos de los trabajadores son “susceptibles a ese tipo de señalamientos”. En su lugar deben usar la palabra “integridad”.

El desconocimiento puede hacer que la gente caiga en corrupción, dicen los entrevistados, pero también piden que la Contraloría inculque ética en el personal. En la realidad no sucede y sospechan que está orquestado para que la función fiscalizadora no sea adecuada y competente.

—La Contraloría está desnuda y nosotros estamos peor. ¿A quién le conviene que esta institución salga a flote? A la población, pero ellos no saben nada de eso. Por ejemplo, mi esposa me pregunta ‘¿y qué es lo que hace la Contraloría? Yo mejor me quedo callado porque la realidad es que uno sabe que la gente se da cuenta (de la ineficiencia) pero no sabe lo que pasa aquí adentro—, dice Rolando Fajardo, quien trabaja en la institución desde hace 42 años.

Esto explica el retraso de la elecciónHabrá contralor hasta el 2019: la Comisión no fue transparente y el Congreso ya está de vacaciones

3. En ocasiones trabajan de pie y hacinados

Actualmente la institución trabaja con 1 mil 270 auditores para fiscalizar los casi Q90 mil millones de presupuesto distribuidos en cientos de entidades. Para hacer una dimensión de su abultado trabajo, a cada auditor le correspondería fiscalizar el buen uso de al menos Q70.8 millones.

Los contadores denuncian que cuando son nombrados para hacer una auditoría ellos mismos tienen que subvencionar los viáticos para hacer su trabajo, pues a la fecha, la entidad todavía les debe lo que gastaron el año pasado. Fajardo incluso se quejó de que en ocasiones han tenido que pagar sus propios abogados para defender sus denuncias en los tribunales.

Una de las escenas que más demuestra la decadencia en la que trabajan, se da entre abril y mayo, cuando los auditores tienen que redactar los informes que presenta el Contralor General ante el Congreso. En esas fechas los salones con computadoras disponibles para los 1 mil 200 auditores están tan hacinados que muchos se quedan de pie con sus cajas de documentos. Si alguno de los que logró un espacio tiene que levantarse unos minutos, amarra sus pertenencias a la silla para no perderla, describieron los entrevistados.

Fernando Fernández, contralor en funciones, está preparando la papelería para entregar el cargo a quien sea electo por el Congreso. Fue cuestionado sobre la situación de la entidad y reconoció las deficiencias y la falta de espacio. Adelantó que el Ministerio de Finanzas les cedió un terreno en el que planean construir un nuevo edificio para tener los archivos y laboratorios para que los auditores puedan trabajar.

 

Fernando Fernández, contralor en funciones.

Fernando Fernández, contralor en funciones.

Sobre las quejas de ascensos y aumentos de salario discrecionales, aseguró que son los directivos los que califican a los mejores trabajadores para optar a esos beneficios y que “no hacen distinción de colores y profesionales agremiados”.

En el Ministerio Público está abierto un expediente contra un grupo de trabajadores de la Contraloría que tenía acceso al sistema que emite los finiquitos y que según Carlos Mencos, quien presentó la denuncia, manipularon para borrar sanciones a aspirantes a puestos públicos en las elecciones de 2015. No ha habido ninguna captura por este hecho.

Según Fernández el sistema no fue hackeado ni vulnerado, sino que los digitadores intercambiaron sus contraseñas de acceso. Para evitar que este año suceda, la Contraloría limitó el número de personas que pueden ingresar a ese sistema y audita de forma constante su funcionamiento.

Algo de lo que ha hecho la ContraloríaLa Contraloría frenó una denuncia contra la hija de Dina Ochoa, la presidenta de la Corte

4. Lenta elección en el Congreso

—La Contraloría es una de las entidades más importantes para fiscalizar los ingresos y egresos de todo el presupuesto nacional. Sin embargo, hasta el momento y desde siempre, solo ha podido fiscalizar un universo del 10%; el 90% de las instituciones se quedan sin auditar—,  dijo la diputada Nineth Montenegro, el miércoles 16 de enero en el Congreso.

Ese día la diputada cuestionaba a César Elías, actual Subcontralor de Calidad de Gasto Público —y uno de los aspirantes para dirigir la Contraloría—. Las preguntas se centraron en por qué el 2018 fueron auditadas 170 municipalidades de las 340 que existen. De esa forma no se garantiza que el dinero público llegue a donde se necesita.

Los jefes de bloque citaron a los seis candidatos al cargo para entrevistarlos y conocer sus propuestas. En las sesiones participaron Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, Estuardo Galdámez, Fernando Linares Beltranena, Sofía Hernández, Carlos Barreda, Leonel Lira y la diputada Montenegro, entre otros.

— Sin un contralor o contralora independiente y autónoma podemos tener una institución que fiscalice solo donde quieren algunos, una Contraloría complaciente que quite finiquitos a alguien para que no participe en elecciones—, agregó la diputada Montenegro.

En el Congreso los partidos deben sumar los votos necesarios para elegir entre César Elías, Jorge Dávila, Alejandro González Portocarrero, Carlos Echeverría, Vilma Xicará y Edwin Salazar. Los nombres que más se repiten entre los legisladores son el de Salazar y Echeverría.

 

César Armando Elías.

César Armando Elías.

Edwin Humberto Salazar.

Edwin Humberto Salazar.

Vilma del Rosario Xicará.

Vilma del Rosario Xicará.

Carlos Echeverría Guzmán.

Carlos Echeverría Guzmán.

La elección debió realizarse desde noviembre, pero la Comisión de Postulación que evaluó a los aspirantes y envió al Congreso la lista con los seis mencionados, se retrasó. En ese tiempo finalizó el periodo de Carlos Mencos y mientras los diputados y sus partidos se encontraban realizando sus asambleas departamentales, la Contraloría quedó bajo el mando de Fernando Fernández, quien fungía como subcontralor de probidad.

En medio de las discusiones para definir quién dirigirá la institución, la Contraloría está emitiendo los finiquitos para las personas que participarán en las elecciones. El documento es la constancia de que los candidatos a puestos públicos no tienen cuentas pendientes en el Estado ni han sido denunciados por administrar mal el dinero público. A la fecha se han emitido 28 mil finiquitos y se espera que para marzo se entreguen alrededor de 40 mil. Tramitar ese documento provoca que durante época electoral la Contraloría esté más saturada de lo normal. En la institución abundan las colas de de personas empleados públicos, ex funcionarios y tramitadores que lo solicitan para participar en las elecciones.

Esto te dará más informaciónEstos son los seis candidatos a contralor y sus planes de trabajo

Los auditores, la parte técnica que sostiene el trabajo de la Contraloría, dicen que están desnudos sin los recursos necesarios para fiscalizar y divididos por la política gremial. El cambio de autoridades supone una oportunidad de mejora, pero reconocen que dado que el Congreso tiene en sus manos esa elección, hay pocas posibilidades.

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


Anuncio

Hay Mucho Más

No te perdás las últimas publicaciones de Nómada

¡Gracias por suscribirte!

(Revisá tu correo y confirmá tu suscripción)

A qué hora te gustaría recibirlo:

Te gustaría recibir sobre:

¡Gracias!


Con qué frecuencia te gustaría recibirnos:

¡Gracias!


Anuncio

0

COMENTARIOS

RESPUESTAS

INGRESA UN MENSAJE.

INGRESA TU NOMBRE.

INGRESA TU CORREO ELECTRÓNICO.

INGRESA UN CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDO.

*



Notas más leídas




Secciones