La deuda en el MP: Consuelo versus Thelma, Claudia Paz y la misma Consuelo

La crisis en Gerona, la sede del Ministerio Público, empezó hace cinco días.

En un procedimiento poco ortodoxo, la fiscal Porras encerró a todos los jefes regionales del MP —ocho fiscales regionales y una coordinadora nacional— para exigirles que renunciaran a sus ascensos y decirles que no podían abandonar la sala de reuniones en su despacho hasta que no firmaran esas renuncias.

Todos fueron nombrados por su antecesora, Thelma Aldana, y representan algunos de los puestos son clave en el MP para investigar grandes estructuras criminales. Uno de los fiscales que lideró la lucha contra La Línea, Juan Solórzano Foppa —quien después peleó contra la corrupción desde la SAT— tuiteó y escribió que era una parte del plan de la venganza de Consuelo Porras.

Acorralada por estos señalamientos, Consuelo Porras dio su primera conferencia de prensa en tono acusador en cinco meses. Pero no fue en contra de los esfuerzos por combatir la corrupción. Fue contra su antecesora, Thelma Aldana.

Nómada publicó hace dos días conversaciones y documentos que evidencian un boicot a la CICIG por parte del Gobierno, el lobby organizado y pagado en Estados Unidos por Jimmy Morales, Manuel Baldizón y empresarios como Juan Maegli Novella, y grupos de extrema derecha. En el MP, Consuelo Porras define el propósito de la nueva Fiscalía Transnacional que serviría como una alternativa a la unidad que trabaja con la CICIG.

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Consuelo Porras dijo que esos ascensos fueron irregulares porque no se hizo una convocatoria pública y que los interesados tuvieron solo dos días para preparar sus expedientes; que los examinadores tenían conflicto de interés y que todo el proceso se hizo sin un reglamento. Su esposo, Gilberto Porres fue un aspirante que no pasó las pruebas.

—No podía yo callar los actos de impunidad en el Ministerio Público, dijo Consuelo Porras en la conferencia de prensa donde anunció que iniciaría una investigación contra Thelma Aldana y su equipo.

Los va a investigar por estos ascensos y por no haber pagado una deuda de alquiler de computadoras del año 2000, catorce años antes de que Thelma Aldana asumiera como jefa del MP.

—Si un juez lo ordena, el MP lo tiene que hacer porque si no, nos certifican lo conducente (nos ordenan una investigación en contra), dijo la fiscal Consuelo Porras.

En el pasado, este caso de los alquileres de computadoras ha sido sujeto de polémica.

Una jueza Jiselle Reynoso, condenada por enriquecimiento ilícito, había arraigado a la exfiscal Claudia Paz y Paz por no haberlo pagado.

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El arrendamiento, de Q5 millones, era más caro que comprar las computadoras. Y Claudia Paz y Paz (2010-2014) había preferido esperar dictámenes de la SAT y del Ministerio de Finanzas sobre cuántos impuestos debía cobrarse a la empresa GlobalCorp por este pago, que por el tiempo ha aumentado a Q97 millones.

Thelma Aldana (2014-2018) tampoco lo pagó. Y ahora Consuelo Porras quiere demandarla.

La defensa del equipo de Thelma Aldana sobre los ascensos y sobre el no pago de esa deuda parece razonable e incluye una contradicción de Consuelo Porras, de sus tiempos como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad.

En el salón de un pequeño hotel en la zona 4 capitalina, Mayra Véliz, exsecretaria general; Ana Elena Guzmán, exsubsecretaria general; Rottman Pérez, exsecretario de política criminal; y Miriam de Lossi, exdirectora administrativa; se defendieron un día después de la acalorada declaración de la fiscal Porras.

Dijeron que la base legal para los ascensos fue el reglamento para la carrera de los fiscales, que data de 1996, que la convocatoria fue interna por ser para fiscales de carrera y que Consuelo Porras pidió la información de esos nombramientos el primer día que ambos equipos se reunieron para hacer la transición de mando. También aseguraron que hay un conflicto de interés en ella, pues su esposo quiere ascender de puesto.

También cuestionaron el fondo para pedirle a los fiscales regionales que desistieran de sus nombramientos, pues ella misma los confirmó en ese mismo puesto en agosto.

—Son fiscales probos, altamente capacitados, fiscales de carrera, gente comprometida con la justicia. ¿No será que (no los quiere) precisamente porque no se iban a prestar al manipuleo y a la implantación de casos? ¿No será que eran un estorbo en el camino?, dijo Rottman Pérez.

Ana Guzman, Rottman Pérez, Mayra Véliz y Miriam de Lossi, en la conferencia de Prensa donde respondieron los señalamientos de Consuelo Porras.

El equipo de confianza de Thelma Aldana en el MP se mostró preocupado por el anuncio de la investigación y dijeron que han recibido información que afirma que Consuelo Porras pidió las denuncias que se plantearon en su contra en los últimos cuatro años y que ellos consideraron eran espurias.

– Tengo preocupación de que se adelanten acciones como represalias a partir de casos que la Fundación contra el Terrorismo planteó contra la fiscal Thelma Aldana y otros miembros del equipo, agregó Rottman Pérez.

El ex funcionario del MP teme que las acciones en su contra sean una represalia por las investigaciones de corrupción entre 2014 y 2018 y por la próxima candidatura de Thelma Aldana a la presidencia en 2019.

El equipo de Thelma Aldana presentará una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y seis de los fiscales que desistieron de sus cargos por presión de Consuelo Porras denunciaron la situación ante la Procuraduría de Derechos Humanos.

Mientras tanto se espera el momento en que Consuelo Porras lance la nueva convocatoria para elegir a los nuevos jefes regionales del Ministerio Público. Esta vez podrán participar no solo fiscales de la institución sino abogados en general.

La deuda y la firma de Consuelo Porras cuando era magistrada

El Ministerio Público no tiene Q251 millones para pagar la deuda con las empresas Copreca y GlobalCorp, por contratos firmados en 1998 y el 2000. Desde hace tres administraciones, los jefes y jefas del MP se han negado a pagarla porque detectaron anomalías.

Hasta que llegó Consuelo Porras al cargo, todos los abogados del MP se opusieron a saldar la deuda. Mayra Véliz, exsecretaria general, dijo que los cobros eran excesivos. Uno de ellos es por un contrato de alquiler de computadoras que salía más caro que comprar el equipo.

Mayra Véliz recordó que cuando estaban en el cargo, presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad para evitar el cobro. La respuesta de la Corte fue que antes de hacer el pago, el MP debía asegurarse de tener el presupuesto y que no afectara la labor de la institución.

“Esta Corte estima pertinente referir que la autoridad cuestionada debe tomar en consideración que la orden de pago derivada de una ejecución como la antecedente, conlleva a que la autoridad superior de la institución responsable (Fiscal General) previo a cumplir la orden de mérito, instaure un procedimiento administrativo interno a efecto de determinar la disponibilidad financiera para la erogación respectiva, lo que implica establecer si el presupuesto vigente con el que cuenta hace factible pagar la cantidad dineraria requerida o incluir el monto de la deuda dentro del presupuesto del año siguiente”.

La resolución de la Corte fue que para pagar la deuda el MP podría solicitar los fondos con gestiones en el Congreso y el Gobierno.

Consuelo Porras firmó esa resolución cuando era magistrada en la Corte de Constitucionalidad. Fue unánime. Y ahora quiere demandar a Thelma Aldana pese a que en la resolución de la Corte ella misma firmó que el Congreso y el Gobierno debían dar los fondos adicionales para ese pago.

Aunque el Gobierno de Jimmy Morales propuso reducir el presupuesto del MP para 2019 (a Q1.7 mil millones, Q26 millones menos que en 2018), la fiscal Consuelo Porras dijo que pidió al Ministerio de Finanzas que incluya los Q251 millones de la deuda por las computadoras. No obstante, el documento sobre el presupuesto ya está en el Congreso.