“La sentencia (por genocidio) fue en 2013 y todavía sigo percibiendo sus efectos”, afirma jueza Barrios”

La Fundación contra el Terrorismo, una organización pro-militar, de extrema derecha, que ha dedicado sus esfuerzos a atacar a funcionarios del sector justicia y activistas, denunció a la jueza Yassmin Barrios.

En octubre de 2015 la organización Train Foundation, con sede en Nueva York, Estados Unidos, otorgó el Premio al Coraje Civil a la jueza Barrios y a la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz, por su lucha por la justicia y los derechos humanos en Guatemala. El galardón incluyó un premio de $50 mil.

Este reconocimiento se entrega desde el año 200 y también lo han ganado mujeres como Lydia Cacho, periodista especializada en cobertura de violencia contra las mujeres y niñas y Anna Politkovskaya, periodista rusa y defensora de derechos humanos asesinada en 2006.

El miércoles 12 de agosto del presente año, la Fundación contra el Terrorismo, revivió el hecho en una denuncia por seis delitos, un párrafo de descripción y la fotocopia de una nota de prensa. Según Ricardo Méndez Ruiz, al recibir el premio la jueza incurrió en abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo, cohecho pasivo transnacional, aceptación ilícita de regalos y lavado de dinero.

La misma organización ha estado en el ojo público las últimas semanas por su denuncia en contra de seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a la cual el Ministerio Público le dio trámite y solicitó el inicio del proceso de antejuicio.

Además, la Fundación ha atacado sistemáticamente al fiscal y jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, contra quién ha presentado más de 10 denuncias.

Denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo.

Nómada: La Fundación contra el Terrorismo la señala de cometer delitos al aceptar un premio de una organización internacional. ¿Qué puede decir de esto?

Jueza Yassmin Barrios: “Yo no he cometido ningún delito. Es un reconocimiento que se hace en beneficio del sistema guatemalteco. Creo que debemos leer el lado positivo. Se está otorgando premio a una fiscal y a una juez y eso es un prestigio no una actividad ilícita. Es parte del fortalecimiento del Estado de Derecho, reconocer las acciones positivas para el sistema de justicia.

Uno de los argumentos de esa fundación es que no se garantiza la independencia del juez, como si al aceptar un premio se vendiera a un organismo internacional. ¿Qué responde a eso?

Cuando se produce un reconocimiento de esta naturaleza como el que efectuó la Fundación Train al otorgarnos el premio de Coraje Civil, lo que se está haciendo es fortalecer al sistema de justicia y, entre otras situaciones, dando a conocer la independencia que gozamos los jueces, la cual ha sido manifiesta en diferentes casos.

Cuando se me distingue con este premio se tomó en cuenta toda mi carrera, no solo el caso por genocido. Fue desde el caso Gerardi, cuando tiraron bombas frente a mi casa. A la fecha he juzgado casos importantes como el caso Gerardi, Mack, Plan de Sánchez, genocidio, el Parlacen, de desapariciones forzadas, de los Zetas, solo por nombrar algunas. Con mi trabajo he contribuido al sistema de justicia y este tipo de reconocimientos fortalecen la actividad de los jueces independientes.

Si el Ministerio Público dá trámite a la denuncia, la solicitud de antejuicio será conocida por la actual Corte Suprema de Justicia. ¿Considera que en esta Corte se dan las circunstancias para que la denuncia sea analizada de forma correcta?

Confío en la justicia porque todos los días me corresponde hacer justicia para los demás. Entonces confío en que también se haga justicia para mi. Yo espero que se rechace in limine de parte de la fiscalía porque no hay actividad ilìcita que denunciar.

Durante estos meses de aislamiento social por pandemia COVID-19 también se ha visto que han aumentado los ataques en contra de jueces independientes. ¿Ha percibido lo mismo en su contra?

Podríamos decir que esta denuncia es parte del ataque sistemático al sistema de justicia. Se han dado ataques contra la Corte de Constitucionalidad, contra el Procurador de los Derechos Humanos y también en contra de jueces independientes.

Esta no es la primera denuncia en su contra. ¿Cómo ha sido el trámite de las otras?

Recuerdo que en el caso de genocidio en 2013 nos plantearon varios antejuicios y veo que tiene relación con ese caso. La sentencia fue en 2013, estamos en 2020 y todavía ha sido percibiendo los efectos de la sentencia por genodicio y de otros casos de delitos contra de los deberes de la humanidad.

Para comprender un poco más, ¿Cómo ha sido la estrategia para desgastarla a partir del 2013?

Viendo desde ese ángulo es innecesario y desgastante que nos ataquen por casos que creen que pueden venir al sistema porque no lo sabemos. Se hace un reparto equitativo de los casos, entonces no sabes qué caso vendrá y empezar a atacar es desgastante para ellos y para nosotros. No tenemos mecanismos definidos para defendernos porque desconocemos el fondo del ataque.

¿Esto cómo dificulta su trabajo en medio de la pandemia?

La mitad del personal está en licencia por enfermedad. Solo tengo dos oficiales y en turnos. Hacemos un esfuerzo grande para cubrir las necesidades del servicio. A parte de ello, el ataque conlleva dedicación y tiempo especial para poder defendernos, entonces se diluye el tiempo y los esfuerzos.

Sobre la pandemia, en estos meses se ha visto que muchas personas acusadas en casos de alto impacto han solicitado salir de la cárcel y algunos jueces lo niegan. Si las personas ven complicada su salud y fallecen en un hospital, los jueces son culpados por no dejarlo salir de prisión.

Cuando a una persona se le considera que posiblemente participó en la comisión de un hecho ilícito trae como resultado que se le ligue a proceso y que el juez resuelva que debe quedarse guardando prisión. Ahora nosotros hemos procedido a revisar medidas de coerción en aquellos casos en los cuales realmente es factible otorgar.

Algunos lo plantean por aspectos de salud, otras personas porque ya tienen un tiempo de estar en prisión y no han sido llevadas a debate. Hemos realizado esa revisión, pero lo principal es determinar que los jueces no podemos ser responsabilizados de que las personas fallezcan en prisión.

Cuando se trata de una pandemia no se puede decir que el juez o la jueza es responsable porque sería culpar injustificadamente. No tenemos culpa de que los acusados hayan contraído una enfermedad. En la experiencia de este tribunal hemos mandado médicos forenses para que revisen su estado de salud y en esta pandemia todos y todas estamos expuestas.