“Si no hay diálogo, estamos en una batalla de fuerza”

Aitkenhead Castillo comprende muy bien al sistema. Economista de la jesuita Universidad Rafael Landívar y con un posgrado en administración pública en Harvard, ha sido una figura prominente en varios gobiernos proempresariales, desde ministro de Finanzas en tiempos de Jorge Serrano, ministro de Economía y parte de los equipos negociadores de los acuerdos de paz con Arzú, hasta influyente comisionado presidencial con Óscar Berger. Ha sido director del INCAE y es el presidente ejecutivo de la firma de asesoría financiera IDC, muy bien cotizada en el sector privado.

Esta entrevista fue realizada el lunes 16 de octubre, antes que saliera a luz el testimonio de la pareja de Byron Lima que hablaba de una supuesta orden de Arzú en el caso Gerardi, y antes de que dos influyentes congresistas de Estados Unidos pidieran el retiro de visas a opositores a la CICIG.

1. El caso de Arzú, Byron Lima la CICIG y la falta de respeto

– El discurso que ‘la justicia está ideologizada” empezó hace años, pero que lo diga un hijo de militares acusados no es lo mismo a que lo escriba en una columna una persona como usted con su trayectoria en el Estado y su ascendente sobre el sector privado. ¿Desde cuándo considera que el MP y la CICIG ideologizaron la lucha contra la corrupción y la impunidad?
– No creo que sea ideologizado entre izquierda o derecha. Se ha caído en demostrar que no existe nadie que ha participado en política y gobernado el país que no sea parte de un proceso de cooptación del Estado. Existe una serie de fuerzas que se han introducido en el Estado y ejercen influencia, y otras personas que han luchado para construir institucionalidad. Si al hacerlo han cometido delitos, es una responsabilidad que cada quien tiene que dilucidar.

– Y esto, ¿a partir de qué momento lo ve? ¿A partir del caso del alcalde Arzú?
– Digamos que lo que pasa con el alcalde Arzú es emblemático porque si un caso contra una figura como él, que es uno de los expresidentes más reconocidos, que firmó la paz, que ha sido alcalde electo reiteradamente, es que debería ser un proceso directo contra él. Lo que no encuentro lógica es querer vincularlo como un actor marginal de una estructura de crimen organizado dirigida desde las cárceles.

– Pero en la acusación están las evidencias de la contratación de la empresa de Byron Lima desde la cárcel, que fue con fondos públicos, hay evidencias que muestran que el alcalde tuvo una relación con el capo de las cárceles para imprimir propaganda electoral.
– Eso deberá dilucidarlo un juez si llega a juicio. De igual manera, lo convertiría en un usuario no apropiado (de la empresa de Byron Lima); si cometió ilegalidad tendrá que responder, pero no lo hace parte de una estructura criminal organizada. Si usted fue presidente de su país y enfrentó ponerle fin al conflicto armado interno… Él ha buscado generar institucionalidad. Si ha cometido un ilícito, debe ser juzgado, pero hacer a una figura central de la vida política de este país como un jugador de una estructura criminal por una compra de unas cosas por algunas relaciones… él no era parte de una estructura que le reportaba al capo de las cárceles.

– Hay una carta en la que Byron Lima le dice al alcalde Arzú: me tiene que pagar. Hay una relación. Si uno se mete a tener relación con criminales organizados, hay un riesgo que lo tomen como rehén. Hay mucha investigación que hace falta. No sabemos si es parte de una estructura, pero hay un indicio fuerte de que esta relación entre el alcalde y el capo de las cárceles es peligrosa para la institucionalidad.
– Pero en todo caso, estaría siendo víctima de un chantaje.

– Si fuera un chantaje, el alcalde podría haberlo denunciado. No sólo lo apoyó y lo contrató, sino le dio trabajo a su pareja y a su suegra.
– Tendrán que seguir investigando. Pero yo lo que digo es el respeto. De una cooptación del Estado que llevó al Gobierno de la República a solicitar la llegada de la CICIG, lo que se busca es fortalecer el sistema de justicia y la institucionalidad. Se debe evaluar de la misma manera a los fiscalizados, a los fiscalizadores, a los que comentamos en la prensa. ¿En qué grado estamos intentando reformar el sistema o dando pan y circo? He sido un creyente en la CICIG, pero lo importante es que existan casos concretos, presentación de denuncias, juicios y castigos o declarados inocentes.

– Usted escribía que le parece ‘una falta de respeto’. Quisiera saber cómo una acusación contra un alcalde puede ser considerada una falta de respeto.
– El tema es que estamos relativizando todo en el país. Es muy diferente crear una estructura de sobornos con empresas constructoras o hacer negocios oscuros con prestadores de servicios que una persona que ha manejado miles de millones de quetzales como presidente y como alcalde y usted viene y hace un caso que en términos económicos es bien marginal. No estoy excusando, igual es punible. Pero es la forma en la que se presenta el proceso. Si hay un proceso contra el alcalde, pues hace un proceso específico contra él, una conferencia específica para presentar su caso. No lo vincula (al del capo de las cárceles) y lo hace parte de un tema mediático, y trae a colación antecedentes de un caso tan complicado como el caso Gerardi (el obispo asesinado en 1998 después de presentar el informe de la verdad de la Iglesia católica; fue condenado por este caso Byron Lima). Creo que nos estamos equivocando en la forma y que porque tengo indicios construyo una historia. Es muy fácil destruir el sistema en lugar de renovarlo. El objetivo de la CICIG debería ser apoyar a renovar el sistema. Prenderle fuego es más fácil que renovarlo o revolucionarlo.

– Quisiera regresar a un punto de sus ideas y su columna sobre el respeto. ¿El respeto debería ser a la persona o a la institución? Porque por más que haya sido presidente o alcalde reelecto, si cometió un delito debería investigársele.
– Nadie está por encima de la ley. Si hizo 100 cosas buenas y 1 mala, debe ser castigado. Pero es diferente el respeto con el que se trata.

– O debería ser menos respeto por haber defraudado la confianza ciudadana.
– No. Usted no tiene derecho de juzgar hasta que esté condenado. Usted debería haber dicho: independientemente de las contribuciones que ha hecho al país, hemos encontrado estos ilícitos y procedemos a presentar que se le retire el antejuicio. Toda la fiesta adicional no era necesaria. Usted estaba desviando la atención a otros temas. No había necesidad de montar el circo que montaron, como tampoco había necesidad de hacer lo que hizo el alcalde de llegar a la conferencia, pero eso es una decisión de él. Estamos fallando en la forma y se está convirtiendo en una discusión de adversarios y gente que apoya a la CICIG y debería ser de quienes estamos a favor o en contra del imperio de la ley. El tema no es de fondo, es de forma.

– Usted cuestionaba por qué se presentan juntos el caso de la estructura criminal de Byron Lima en las cárceles y el caso de uso del alcalde Arzú en el fondos municipales para comprar propaganda electoral. Es que de un caso salió el otro. Si el alcalde Arzú no hubiera tenido relación con un criminal como Byron Lima, nunca se hubiera llegado a su caso desde la CICIG. Tiene una lógica que se presente junto.
– No quiero entrar en esos detalles. Cuando se unen ambos casos en una conferencia me parece que se está minimizando el hecho legal y maximizando una serie de relaciones para crear una estructura criminal organizada. Ese es el error y la politización. El problema que yo veo es el de a dónde va la justicia. Para mí lo que es fundamental es que se avance en los casos y que se hagan las reformas de fondo. Mi principal preocupación es que estamos mediáticamente muy enfocados en los casos y se suspendió reformas constitucionales en materia de justicia.

– Pero las frenó el Congreso, el presidente de la República y el sector privado.
– Y necesitamos recuperarlas.

– Estos tres actores no van a aprobarlas y nos quitaron ese tema que era indispensable.
– Pero son muchos más los guatemaltecos que sí queremos las reformas. La ciudadanía ha sido muy clara en expresar que está cansada de la corrupción y la impunidad. O el sistema empieza a renovarse con cambios reales o el sistema se va a destruir.

2. Tres opciones para salir de la crisis

– Si bien hay un horizonte más largo de renovación y fortalecimiento de instituciones, hay un horizonte más corto de la crisis provocada por el intento del presidente por expulsar al jefe de la CICIG y el intento del Congreso por aprobar el pacto de impunidad. Usted es un conocedor del sector privado, que tomó una postura de respaldo al presidente y acrítica con la decisión de los magistrados de la Corte Suprema, que no quitó la inmunidad al presidente por el sobresueldo ilegal ni a los diputados por el pacto de impunidad. ¿Cómo ve este momento?
– No tengo problema con que mis columnas sean polémicas (como su crítica a la CICIG, por el caso de Arzú). Yo escribí también en una columna que me pareció absurdo el intento de expulsar al comisionado y también critiqué el intento del manto de impunidad en el Congreso. De hecho, el Congreso tiene seriamente cuestionada su legitimidad para hacer nueva legislación. (Sobre el sector privado) es difícil encontrar sectores monolíticos. Guatemala se encuentra en una disyuntiva.

La opción 1: hacer caso omiso de lo que ha pasado en la presidencia o el Congreso o el comisionado y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Significa pensar que aquí no hay consecuencias para los actos y que este Congreso, tal como está, sea el que haga las reformas.
La opción 2: no se puede ignorar lo que pasó. Hay que dilucidar responsabilidades en el Congreso y necesita llegarse al fondo. Y hacer reformas.
La opción 3: seguir polarizando los temas hasta que se rompa la pita, el sistema, y no podremos saber si las fuerzas que hoy se encuentran en el Estado van a poder dar un golpe de timón para frenar el proceso de lucha contra la impunidad o si va a hacer que se caiga todo el sistema y sea una junta temporal de gobierno que incline la balanza.
Yo no soy quién para decir cuál es el que se va a decidir.

– El 1 es cercano a la posición del presidente de la Cámara del Agro que dice que ya los diputados arreglaron el error, o el presidente del Fundesa que dijo en el Enade que no considera al presidente un corrupto.
– Yo no estuve en el Enade. El peligro del 1 es que no se convierta en una agenda de cambio sino mantener el status quo y es muy peligroso. Yo lo aceptaría si existiera la voluntad de reformas.

– A usted lo escuchan y respetan en el sector privado. Si le preguntan si usted recomendaría la opción 1, ¿qué diría?
– Diría que las opción 1 está totalmente agotada. La discusión es: usted renueva el sistema o lo destruye.

– Quisiera hacer conversar su visión con la visión que interpreto que se tiene desde la CICIG y el MP. Está el escenario A, de aplicar la ley y castigar los delitos independientemente si son de 10 mil dólares o 7 millones de dólares, y que no haya impunidad. O el escenario B de permitir los delitos. ¿Qué opina usted de ese modelo de impunidad cero?
– No tengo problema con ese, puede ser correcto desde el MP y la CICIG. No están viendo el panorama completo del país, sino la función que les corresponde. Si esa aplicación no va acompañada de una capacidad de gestión del Gobierno y el Congreso que permita que la institucionalidad democrática funcione y resuelva los problemas del ciudadano, lo que va a lograr es romper la pita. La búsqueda del imperio de la ley debe hacerla en un contexto, que es el sistema democrático. Cuando usted mira las carreteras, las cárceles, el caso del hogar seguro…

– Se da cuenta que no funciona el sistema.
– La justicia es un pilar fundamental, pero se necesitan otras reformas.

– ¿Pero es labor del MP y la CICIG o es responsabilidad de otros actores?
– No es (responsabilidad de MP-CICIG). Puedo entender que ellos vean el imperio de la ley, pero si saben que tiene implicaciones en el resto del sistema político, lo que no pueden evadir es su responsabilidad en la forma en la que hacen su trabajo, para tratar de no romper el sistema que quieren reformar. Si quiero reformar, debo ser implacable pero tratar de no romperlo. Los sistemas políticos son sistemas vivos, con intereses, relaciones, confabulaciones, cosas que funcionan y no funcionan. El sistema está tan frágil que si no se maneja con cuidado la extirpación del cáncer de la impunidad y la corrupción, va a extirparlo y matar al paciente, el sistema. Si a usted no le importa matar al paciente porque va a regenerarse y nacer de nuevo, lo que es más fácil es precipitar la muerte del sistema y avanzar hacia un nuevo sistema. Si usted va por el camino de la renovación, tiene que haber un diálogo. Un diálogo entre la Presidencia de la República, el Congreso, la Corte Suprema, que sin ceder en el principio de la justicia total, mantenga la transformación del sistema. Si no, se busca escoger sólo uno: o justicia o sistema democrático, y lo que queremos es justicia y sistema democrático.

3. El llamado al diálogo

–  Pero en ese balance se pone menos énfasis en que tenemos un Congreso que legisla a favor de la impunidad, jueces nombrados por Líder y PP que protegen corruptos y un Presidente que promovió el Pacto de Corruptos, recibe sobresueldos militares y no declaró al TSE nada sobre quién lo financió en la segunda vuelta de 2015. ¿Cómo puede explicarse a la ciudadanía que los que luchan contra la impunidad y la corrupción tienen que dialogar con esos actores que traicionaron el espíritu democrático?
– Usted sólo tiene dos caminos, como siempre en la política. O la ciudadanía acepta que sigan funcionando con el mandato para el que fueron electos y que ahora sí cumplan, o no lo acepta. Es un tema complejo. Si el presidente y el Congreso se van a mantener estos dos años, tienen que gobernar y legislar de acuerdo al mandato de los votantes.

– Esta conversación la podríamos haber tenido en agosto de 2015: los mismos políticos, con los mismos partidos, con el mismo sistema: tienen que reformarse porque eso fue lo que le mandó la ciudadanía. Tuvieron dos años para hacerlo y en el 2017 hicieron todo lo contrario y quieren garantizar la impunidad y la corrupción. Y ahora están envalentonados porque los apoya el sector privado y los jueces.
– El político cambia por convicción o por presión popular. Y si no cambian por presión popular, sólo pueden irse para que vengan nuevos políticos. La pregunta entre renovación o destrucción del sistema es en la medida en la que se generen alianzas ciudadanas tan diversas y tan fuertes como las de 2015 y en la manifestación del 20 de septiembre. Si eso se mantiene, tiene toda la presión para obligar a los políticos a cumplir su mandato. Si se fractura, los políticos empiezan a tratar de agarrar facciones de la ciudadanía y la ciudadanía se vuelve víctima del juego político.

– Sí. Pero en las últimas semanas vemos que el sector privado tomó partido por los políticos y tiene un mensaje crítico contra la CICIG. Podría pensarse que se perdió la oportunidad de renovación y diálogo. ¿Cómo cree que se puede hacer el malabar de pensar en un diálogo entre los acusados y los acusadores?
– Mire, en mi opinión no debería ser entre acusados y acusadores. Los acusadores deben seguir haciendo su trabajo, de investigación, de búsqueda de pruebas y llevar a la justicia a quienes crean. El diálogo debería ser entre los distintos sectores. Me parece que el sistema en Guatemala está a punto de derrumbarse; tengo algunos años de estarlo manifestando en mis columnas y con diferentes sectores. Creo que si no se renueva, automáticamente se destruye. Yo tengo convicciones democráticas y creo que debería poderse renovar el sistema antes de que se destruya, pero para renovar en el sistema tiene que haber voluntad de sentarse a dialogar.

– ¿Entre quiénes?
– ¿Cuáles son los poderes? La super Corte de Constitucionalidad, los tres poderes (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) y los sectores de la vida nacional. Los sectores de la ciudadanía de más tradición como un Foro Guatemala y otros sectores de más reciente formación, que no se sienten representados. Debería iniciar un diálogo sobre todos los temas que no tengan que ver con la CICIG: reformas a la justicia, a la ley electoral para que participen diferentes fuerzas, cambios en el Estado. Si no se sienta a acordarlas, no hay una salida dentro del sistema.

– El problema es que este sector ‘nuevo’ de la sociedad civil no quiere dialogar con los tres poderes del Estado porque los considera corruptos e ilegítimos por sus últimas actuaciones. Y el sector tradicional de la sociedad civil sí quiere dialogar con el Estado y sí lo considera legítimo. Hay una imposibilidad de diálogo. ¿Cómo puede haber una salida?
– Lo que tiene que tener cuidado el sector que los considera legítimos es no llegar a la misma intransigencia de que quieren mantener el Estado como está ahora (con corrupción e impunidad). La cuestión es encontrar la solución; en un conflicto laboral se soluciona o en la mesa o en una huelga. La decisión que adoptemos es si queremos la reforma dentro del sistema o queremos la reforma fuera del sistema. Estoy de acuerdo con su percepción. Cuando uno platica con los sectores, le tienen renuencia al diálogo. Los tradicionales quieren diálogo pero sólo cuando tengan mayoría en la mesa. Y los nuevos no quieren diálogo si no es con las reglas de ellos. En una democracia, la política obliga al diálogo. Si el diálogo no lleva a ningún lado, estamos en una batalla de fuerza.

– Los reformistas quieren que se convoque a elecciones con partidos políticos nuevos o comités nuevos para en elecciones dirimir quién tiene más fuerza, pues con estos partidos viejos no se va a cambiar nada. ¿Qué cree usted que debería pasar?
– Me parece que hemos hecho un avance estos 32 años de sistema democrático. Creo que las elecciones son el mejor medio para dirimir diferencias, pero necesitamos elecciones con cambios profundos a la ley electoral. Hoy en día debería pensarse qué acciones y cambios se necesitan para continuar con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Poner los intereses del país antes que los propios. Me parece en ese sentido dio una lección muy grande el liderazgo de los pueblos indígenas (en la discusión de las reformas constitucionales en 2016) cuando cedieron y pidieron que los retiraran de la discusión. Lo que debió haber sucedido es que al día siguiente se debería haber aprobado la consulta popular sobre las reformas (propuestas por la CICIG y el MP).

– Pero era una excusa porque no se aprobó.
– A mí me parece que las reformas de fondo se hacen sólo cuando la gente (los políticos) estén claros que es su última oportunidad.

– Usted decía que si no hay diálogo, sólo queda una batalla de fuerza. Por un lado están los políticos en alianza con los canales, actores oscuros y el sector privado. Y por otro lado la mayoría de la ciudadanía, la CICIG, el MP y la mayoría de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué debería pasar para destrabar esto?
– Buscar a personas que puedan ser referentes y que promuevan el diálogo. Pero es imposible crear puentes cuando todo es descalificación. Creo que debe buscarse un esfuerzo de diálogo con agenda, cronograma y compromiso de reformas básicas que nos permitan mantener el sistema y continuar con la lucha contra la impunidad y la corrupción. Si no, usted va a tener que sacrificar alguno de los elementos. Esperaría que haya una tercera vía.

– ¿Qué le diría a las personas que creen que mantener el sistema y mantener la lucha contra la corrupción no es posible porque el sistema está basado en la corrupción?
– Que por eso es fundamental la renovación, la reforma profunda. Sin reformas, no hay cambios, pero si se cambia todo el sistema, tampoco hay garantía de cambios.